El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), detectó la presencia de ocho menores trabajando en la cosecha de cebolla que se desarrolla en el sur del territorio bonaerense.

En un comunicado la cartera laboral explicó que durante los procedimientos, de los que participaron también la Fiscalía de Bahía Blanca y la Policía Federal, se relevaron a 173 trabajadores entre los que se detectó que menores de entre 13 y 17 años trabajaban.

Debido a esa situación, tomó intervención la Comisión Provincial para Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), a través de su directora, Cecilia Nogueira, quien dispuso la inmediata asistencia de los menores.

El director Provincial de Inspección, Raúl Ferrara, a cargo del operativo, intimó a las autoridades de los establecimientos para la presentación de la documentación que dé cuenta del vínculo legal de los trabajadores con las empresas, que estaban radicadas en Mayor Buratovich y Pedro Luro, partido de Villarino.

Debido a las condiciones de higiene y seguridad se labraron actas de infracción al detectar falencias en los sanitarios, falta de provisión de agua potable, ausencia de vestuarios, comedores, botiquines de primeros auxilios, extintores, elementos de protección personal y falta de capacitaciones necesarias para desarrollar las tareas.

Al respecto Ferrara detalló que “las imágenes satelitales suministradas por ARBA fueron fundamentales para acceder a estos lugares y gracias al trabajo articulado con Nación se pudo detectar y desactivar el trabajo que estaban realizando 173 personas, entre ellos ocho menores, en condiciones deficientes en términos de higiene y seguridad laboral”.

“Sabemos que este tipo de cosechas estacionales se realizan cada año y que aquí es habitual la utilización de menores para el trabajo», indicó y agregó que «por eso ponemos todo el esfuerzo en la prevención y luego en la verificación del cumplimiento de la legislación vigente».

«En algunos casos los responsables aducen cuestiones culturales, pero está a la vista que nada de eso es aceptable y mucho menos en las condiciones en las que se realizan. Estos son casos de explotación muy graves”, concluyó.