El 25 de abril, la OMC estableció un panel para resolver el reclamo argentino contra la UE respecto de derechos antidumping impuestos al biodiesel argentino por el mercado europeo y que significaron el cierre al biodiesel desde noviembre de 2013.
A partir de la admisión de la UE a discutir el tema planteado por la Argentina, varios países miembros de la OMC manifestaron su interés en el caso y hasta el momento reservaron derechos como terceras partes Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Malasia, Noruega, Arabia Saudita y Turquía.
La Cancillería argentina consideró que esta participación de terceras naciones «es significativa y evidencia la importancia sistémica del caso en momentos en que se incrementan las disputas comerciales entre los miembros de la organización». En ese sentido, el Palacio San Martín consideró que «se percibe una actividad crecientemente proteccionista de las potencias como es el caso de la Unión Europea, que perjudica especialmente a los países en desarrollo». La aplicación de aranceles antidumping a su biodiesel, según los argumentos presentados por la Argentina, «tiene fines proteccionistas y transgrede el Acuerdo Antidumping de la OMC, así como el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)».
Los problemas de los exportadores argentinos de biodiesel comenzaron en abril de 2012, cuando tras aprobarse la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, España comenzó a generar nuevas normativas para reducir la compra de biodiesel argentino hecho con soja. Esta era la segunda vez que la Argentina solicitaba la formación del panel, que deben integrar expertos aún por designar, lo que llevó a su aprobación automática, según las reglas de la OMC. El impuesto antidumping se aplica al biodiesel argentino desde fines de noviembre pasado y se fijó en 24,6 por ciento -entre 216,6 y 245,6 euros por toneladas-, con la justificación de que la Argentina estaba vendiendo el producto por debajo de su costo de producción. Argentina -según datos oficiales- se convirtió en 2009 en el principal abastecedor de biodiesel de la Unión Europea, que era además su principal comprador, y ya en 2011 las ventas de este producto alcanzaron US$ 1.847 millones, que dieron cuenta del 13% de las exportaciones argentinas a la UE. En una disputa que podría demandar al menos un año, el Gobierno argentino elevó al Congreso un proyecto de ley para eximir de impuestos al sector del biodiesel, una propuesta que durará mientras se mantengan las trabas a su entrada a la UE. La intención del oficialismo es aprobar el proyecto en una sesión que se convocará para el 14 de mayo y girar la iniciativa al Senado para que pueda convertir en ley esta propuesta antes de fines de mayo. Como otra medida para mitigar el efecto a las restricciones de la UE, a comienzos de año, el Gobierno formalizó el aumento en el porcentaje de corte obligatorio del gasoil automotor con biodiesel, del 8% actual al 10%, a la vez que estableció la obligatoriedad de la mezcla para las usinas termoeléctricas, en una proporción de 10%.
Ambas medidas sumarán 450.000 toneladas anuales de biodiesel al mercado local, al cual se volcaban 850.000 toneladas de los 4 millones de producción de capacidad instalada que posee el país.
Fuente: Telam