Consultado el vicepresidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Martín Hourest considera que no están dadas las condiciones para que se apruebe el próximo jueves 24 de febrero el presupuesto de la ciudad y estima necesaria la presencia del ministro de Economía porteño, Nestor Grindetti en la Legislatura a efectos de rediscutir lo gastado en algunas áreas.
“Convocamos a Grindetti ya que al no poder explicar lo que están gastando en algunas áreas ni poder hablar de la subejecución extrema que poseen en otras, como Educación y Vivienda y encima contemplar que hay casi $800 millones que no fueron aplicados, resulta imperioso que se presente ante los legisladores –que en definitiva son los que tienen que aprobar el presupuesto- y de cuenta del ejercicio de su función abriendo una discusión conjunta”, dijo Hourest.“En cuanto a los planteos ya realizados, seguimos sosteniendo que es necesario construir una nueva previsión presupuestaria sobre la base de supuestos macroeconómicos (inflación y deterioro de los ingresos populares) realistas que contemple, especialmente, sus efectos regresivos en materia social. Asimismo, es necesario considerar el ajuste inminente en las partidas salariales que resultará de las paritarias docentes y los aumentos generales de salarios para el resto del sector público”.
“El ejercicio 2010 presentó un resultado financiero positivo de casi $500 millones, y sin embargo la Ciudad contrajo deuda por más de $2.500 millones, y muy por encima de sus necesidades en materia de aplicaciones financieras”. Para Hourest, “ El superávit 2010 es reflejo de la fuerte subejecución de partidas, que nuevamente, afecta de manera diferencial ciertas áreas de especial sensibilidad social, como la educación y la vivienda. La ejecución del gasto para construcciones, medida como gasto devengado sobre gasto vigente, alcanzó en el Ministerio de Educación el 33%. Para el caso del Instituto de la Vivienda, la cifra es del 27%”.
“En cuanto al resultado financiero y la política de financiamiento, la Ciudad se endeudó en 2010 en $2.667,3 millones. La diferencia entre las Fuentes y Aplicaciones Financieras supera los $1.280 millones”. “Aún considerando que la aplicación de la Ley 3.528, que vino a remendar el bochornoso hecho de haber contraído deuda para gastos que no se estaba en condiciones de ejecutar, habría casi $800 millones tomados en 2010 que no fueron aplicados. Esto implicaría la existencia de recursos excedentes por $1.300 millones. Se suma que los recursos transferidos a AUSA tampoco estarían siendo utilizados”.
“En este contexto creemos debe ser contemplada la necesidad de contar con una herramienta de control sobre la ejecución del gasto de los distintos Ministerios e implique penalizar a los funcionarios que incumplen la ley y presentan menores niveles de ejecución”. “También merece ser discutido un programa de eliminación de las atribuciones extraordinarias en materia de redistribución del gasto, que permitiría disponer de modificaciones presupuestarias por más de $ 1200 millones”. “Finalmente, y para que resulte posible realizar un monitoreo regular de la ejecución de las partidas, es necesario dar efectivo cumplimiento a la Ley 2.394, que ordena la implementación del funcionamiento del SIGAF en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y obliga a la Vicepresidencia Primera de la Legislatura a arbitrar los medios necesarios para dotar de elementos de computación que hagan posible la instalación del sistema”, reclama el legislador.
