El miércoles, todos los bloques de la Unicameral de la Legislatura de Córdoba, con excepción del Frente de Izquierda y la abstención del legislador José De Lucca (FPV), aprobaron la nueva Ley de Convivencia Ambiental.

La medida incorpora un ordenamiento ambiental de territorio para el uso adecuado de los recursos ambientales, introduce la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental y la realización de audiencias públicas, obliga al control y fiscalización de las actividades antrópicas, introduce temáticas ambientales en los distintos niveles educativos y obliga a la contratación de un seguro ambiental en actividades de riesgo.

Se trató de una norma que fue tratada rápidamente en tres meses. Primero, contó con el aporte de organizaciones ambientales durante el debate en comisión y , luego, tuvo modificaciones que se fueron realizando al despacho final hasta último momento.

Esto despertó el malestar de muchas de organizaciones que desconocieron el texto final, en especial de los asambleístas que resisten la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, quienes sostienen que la Ley de Convivencia Ambiental está hecha “a medida” de la multinacional.

Así, desde un comienzo, el clima en las afueras de la Legislatura estaba enrarecido, según relataron los cronistas de La Mañana de Córdoba. Desde temprano, un grupo de ambientalistas se encadenó a las vallas que rodeaban a la Unicameral contra la aprobación de esta ley. Pero lo que fue planteado como una manifestación pacífica, se convirtió a pocos minutos de su tratamiento, en hechos de extrema violencia.

El matutino describe como una “verdadera batalla campal” lo sucedido no sólo en las afueras de la Legislatura sino además en todo el área céntrica. Al ver el acompañamiento del proyecto, entre los manifestantes comenzaron a volar botellas con pintura y lajas del suelo de la peatonal que impactaron contra el edificio de la Legislatura y la guardia policial. Los desmanes fueron aún más profundos cuando los legisladores se trasladaron del edificio anexo a la Legislatura y se ordenó un refuerzo de uniformados.

Las fuerzas de seguridad provincial reportaron quince policías heridos que fueron internados inicialmente en el Policlínico Policial, dos ellos con traumatismos de cráneo. “Los más graves son oficiales jefes que estaban en la primera línea y recibieron golpes de lajas levantadas del piso”, informaron.

En tanto, 26 personas fueron detenidas en la comisaría 1ª ubicada en el Centro de la ciudad, acusadas de delitos y contravenciones, la mayoría integrante de organizaciones ambientalistas, ecologistas y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

La abogada Leticia Celli, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, denunció procedimientos irregulares por parte de la policía: “han detenido a personas que estaban en la puerta del Patio Olmos, a varias cuadras de la Legislatura”, afirmó la letrada y remarcó que entre los detenidos había personas golpeadas.

Hasta ayer a la mañana, solo se había liberado a tres detenidos, entre ellos un menor de edad. Miembros de organizaciones realizaron manifestaciones para reclamar la libertad de todos.

Rechazos al interior del recinto

Los enfrentamientos que se produjeron al exterior de la Legislatura cordobesa, ocasionaron un fuerte cruce entre los legisladores.

La radical María Alejandra Matar pidió una cuestión de privilegio contra su par del FIT, Cintia Frencia (con el apoyo de Unión por Córdoba) a quien acusó de alentar los incidentes. La militante de izquierda hizo responsable a quienes aprobaron esta ley por los desmanes ocurridos y adelantó que irá a la Justicia por las acusaciones de la UCR.

Frencia fue, junto a Nancy Lizzul del Frente Cívico, la única que se opuso al proyecto argumentando que el mismo permite el reordenamiento territorial para que Monsanto pueda instalarse en Malvinas Argentinas donde actualmente no podría hacerlo por la actual norma de uso de suelo. Desde el FIT, la contrapropuesta era declarar la emergencia ambiental. 

Por su parte, Lizzul consideró que la propuesta oficialista tiene “una elevada barrera al ingreso de nuevas industrias”.