La decisión es idéntica a la que el juez adoptó en la causa por el mobiliario urbano.  El  juez de instrucción Fernando Cubas ya le otorgó al jefe de gobierno porteño dos faltas de mérito.La primera, la firmó hace más de un año en la investigación donde Macri estaba salpicado por las irregularidades en la concesión del mobiliario urbano. La segunda se concretó ahora, cuando el mismo juez consideró la ausencia de elementos para procesar al jefe comunal en la causa que investiga la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), creada bajo el gobierno PRO, acusada en esa causa de perseguir, golpear, hostigar y desalojar a personas en situación de calle en distintos puntos de la Ciudad. Esto ocurrió cuando faltaban instantes para el vencimiento final de los plazos definitivos para expedirse sobre la situación procesal de los 34 imputados en el caso, Cubas consideró que no había condiciones para ordenar el procesamiento de los funcionarios implicados, y devolvió el expediente a la Fiscalía 14, a cargo de Marcelo Roma, para que continúe con la investigación y obtenga  “nuevo material probatorio”.La resolución del juez significó un alivio  para Macri, a nueve días del 10 de julio, cuando se realice la primera vuelta de las elecciones porteñas, donde buscará su reelección. En tribunales, y también dentro de la Legislatura Porteña, el pronunciamiento judicial despertó sospechas, por una razón de mucho peso. La causa 53.350/08, que comenzó poco después de la asunción de Macri como alcalde, está repleta de testimonios de víctimas, filmaciones de operativos nocturnos, decretos, resoluciones y documentos que confirman la existencia de una relación orgánica entre la treintena de empleados municipales dedicados al hostigamiento y  el entonces ministro Piccardo y el jefe de gobierno. La parte principal de esas pruebas fue aportada por el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, titular del segundo tribunal contencioso, administrativo y tributario porteño, que en 2009 allanó las oficinas de la UCEP, algunas pocas horas antes de que la sede de la unidad de control quedara vacía. En el hallazgo, que le quitó el aliento a las esperanzas judiciales del macrismo, está el disco rígido del empleado municipal  Luis “Tano” Savolardo, jefe de la patota y una de las personas que habían quedado implicadas en la investigación. Fuentes del tribunal reconocieron que esa documentación no fue  analizada por el juez, pese a que la tiene por los menos desde hace un año, cuando Gallardo la aportó varios meses después del allanamiento. En esos archivos, hay decenas de planillas de Excel con las ubicaciones y las fotos de las personas que finalmente fueron desalojadas. En las hojas de cálculo hay más de 10 mil procedimientos,  asentados y distribuidos a partir del relevamiento de terreno que realizaban los empleados de la UCEP. Esa información era volcada a mapas de la Ciudad, donde se insertaban las fotos que   tomaban de noche  empleados vestidos de civil que sólo utilizaban las insignias de la UCEP, cuando realizaban los desalojos por la fuerza entre las 23 y las 6, un punto que el propio jefe de gobierno no pudo explicar hace 15 días, cuando tuvo que prestar declaración indagatoria por el caso y cargó todas las responsabilidades legales y operativas en su ex compañero del secundario Juan Pablo Piccardo, entonces ministro de Medio Ambiente, y en los empleados de la UCEP. El mismo funcionario, al igual que Macri, el 10 de febrero de 2010, recibió la falta de mérito en el fallo de Cubas que además  y sobreseyó a Macri, juntos a otros tres ex funcionarios de la Ciudad, en la investigación por presuntas maniobras y falsificación de documentos para beneficiar a un grupo económico en la licitación de las paradas de colectivos, marquesinas publicitarias y equipamiento de plazas: un negocio que mueve unos 100 millones de pesos anuales. Cabe recordar que la  medida provocó una ola de apelaciones que desembocó en el apartamiento de Cubas y en una serie de medidas que fueron resueltas por la Cámara de Apelaciones del fuero porteño. Al parecer, en el caso UCEP, la estrategia es similar: firmar una resolución que lo saque del caso, que desemboque en medidas judiciales que el magistrado no tenga que realizar y que evite un confrontamiento abierto con Macri.