Luego se pasó a una discusión entre el PRO y los demás bloques, en la que el oficialismo apoyó un pedido de Eduardo Martino, jefe de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la PM, en el que se solicitó que el testimonio fuera ante los diputados y los asesores, así como también, pidió suspender la transmisión televisiva interna. Por diferentes motivos y razones, la oposición se negó en bloque a la propuesta, por lo que el funcionario de la PM realizó su declaración como lo hicieron otros testigos. En la audiencia declararon el Superintendente Eduardo Martino y el Comisionado General Alejandro Parodi, ambos de la Policía Metropolitana ante la Comisión Investigadora Especial que indaga sobre las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo en lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento, y los hechos investigados en la causa judicial respecto a escuchas ilegales. Al momento de su turno, Eduardo Martino respondió sobre cuestiones vinculadas a la compra de equipamiento tecnológico de avanzada por la Metropolitana y su capacidad para realizar operaciones de inteligencia. El interrogatorio se centró en compras por licitaciones reservadas y secretas que efectuara el ministerio, entre ellas un analizador de espectro de frecuencia de doble propósito para supervisar redes alámbricas, sobre las que el funcionario descartó que estén en condiciones de hacer escuchas de teléfonos celulares, «sólo se trata de herramientas para determinar interferencias intencionadas a los efectos de dar rápida respuesta», afirmó Martino. Dijo que ingresó a la Policía Federal como cadete el 4 de marzo de 1974 y de la que se retiró luego de su paso a disponibilidad entre 107 policías tras la muerte del joven Axel Blumberg, en 2004. Desde entonces se dedicó a la actividad privada hasta que el 1º de junio de 2009 se incorporó a la Policía Metropolitana, siendo designado Superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos. Explicó que durante la última dictadura militar se desempeñó «en áreas técnicas, de mantenimiento de equipos de comunicaciones en la terraza del Departamento Central» y dijo desconocer que entonces se realizaran acciones ilícitas. Sostuvo que luego elaboró diagramas de nuevas redes en enlace con la Comisión Nacional de Comunicaciones durante 17 años. Dio detalles de los criterios de comunicación on line de la fuerza, a través de equipos de alta tecnología y su integración sistemática, particularmente con fines de auditorias múltiples sobre los procesos. Tras brindar detalles del equipamiento de los patrulleros y la base de datos, aseguró que «la central telefónica que hemos adquirido es para integrar los teléfonos incluyendo a las autoridades judiciales, el sistema de alarmas del Teatro Colón y el SAME». En otro pasaje de su testimonio, reconoció que la propuesta de incorporación a la Metropolitana, fue inmediatamente posterior a un servicio de asesoría que efectuó en el área de Compras del GCBA a la comisión evaluadora de ofertas, a través de Edgardo Cenzón. En cambio, dijo que no trabajó nunca con el ex Comisario Jorge Palacios y «nunca me presentaron a Ciro James, nunca tuve un diálogo con él aunque sí creo haberlo visto una vez en el cuarto piso del ministerio». «Nunca hubo un intento de adquisición de esos bienes, sólo se catalogaron» dijo el testigo en referencia a cámaras y otros elementos para realizar escuchas y filmaciones de forma oculta. Aclaró que el trámite de catalogación dura alrededor de 30 días y que la PM puede ser requerida por la Justicia para llevar adelante algún trabajo de investigación, por lo que debe tener la posibilidad de adquirir algunos de esos elementos en tiempos más breves. Sostuvo que «la PM es idónea para poner un elemento de esa naturaleza cuando un juez lo pide, nunca sin una orden judicial». Los policías hacen «lo que ordena el juez (…), es el juez el que hace inteligencia». En respuesta al diputado Eduardo Epszteyn que preguntó si, a raíz del requerimiento de diputados de la Legislatura, la información que dio la PM acerca de la compra de elementos para realizar inteligencia afectó o puso en riesgo a la PM, el testigo dijo: «esas cosas son reservadas, porque si no, decimos cómo defendemos lo nuestro». Luego afirmó que el equipamiento en cuestión «no es para hacer inteligencia sino para limpiar, para que el ambiente sea seguro» dijo, y explicó que se trata de la «seguridad de red», de tareas que venían desarrollando las empresas telefónicas. Por su parte, Alejandro Parodi, declaró que fue «nombrado en la PM el 1º de noviembre de 2009, dependiendo directamente del Jefe de la PM». Luego explicó que sus funciones son «recopilar información sobre intervenciones de la PM y hacer estadísticas». Según detalló «de febrero a octubre hubo 461 intervenciones de la PM por contravenciones y 227 por delitos (transferidos o no a la Ciudad)», y recordó que la PM sólo interviene actualmente en la Comuna 12. El diputado Diego Kravetz (Peronista) le preguntó si conocía a Ciro James y al ex comisario Jorge Palacios. La respuesta fue negativa en el primer caso y en el segundo dijo conocerlo por tener Palacios una jerarquía superior a la suya mientras se desempeñaban ambos en la Policía Federal. Además aseguró haber trabajado en el área de Investigaciones Criminales de la Federal, negó conocer a los jueces de la provincia de Misiones que dieron la orden de realizar escuchas y también haber trabajado junto a Palacios en esa provincia. El mismo legislador quiso saber si el testigo usa el «software de inteligencia criminal» en la tarea que desarrolla y la respuesta también fue negativa. Parodi aseguró que tiene dos personas a cargo en su oficina y que trabaja con excel, aunque agregó que le están programando un sistema operativo específico para su función que, según subrayó tiene como finalidad lograr un «mapa del delito de toda la ciudad» cuando cuente con toda la información. Pascual Miguel Mazzeo (Asesor en el Ministerio de Justicia y Seguridad), quien estaba citado, justificó su ausencia con un certificado médico que asegura que padece de una patología crónica que lo inhabilita a concurrir a dar testimonio a la Legislatura. En cambio, el testigo Ricardo Raúl Ferrón (Comisionado Mayor de la PM) hasta el momento no presentó ninguna nota justificatoria de su ausencia. Por su parte el Fiscal General de la Ciudad Germán Garavano, citado para el día de mañana, expresó su voluntad de contestar a los requerimientos de la CIE previo conocer por escrito las preguntas de los legisladores. . Así lo había autorizado el Juez Gallardo y lo confirmó la Cámara de Apelaciones que además facultó a otros testigos, como los funcionarios nacionales, a declarar de igual forma.