El Juzgado Nacional en lo Penal Económico 4, a cargo de Alejandro Catania, dispuso el procesamiento del presidente del directorio y gerente de la Unidad de Negocios de la firma Cargill, Héctor Orlando Marsili, y del gerente de la Unidad de Negocios de la firma en Uruguay, Javier Gustavo Fernández Rockboer, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según la dependencia oficial, ambos funcionarios son considerados presuntos autores del delito de evasión agravada, conforme los artículos 1 y 2 inciso A) de la Ley Penal Tributaria.

Los responsables de la compañía agroexportadora recibieron cada uno, un embargo por 100 millones de pesos por las maniobras perpetradas durante los períodos 2000, 2001, 2002 y 2003.

«En la causa el organismo recaudador fue el denunciante y el querellante y fue quien consiguió los procesamientos del presidente de la firma en Argentina y el gerente general en Uruguay», destacó la AFIP en un comunicado.

El ente recaudador explicó que «la causa se inició por una evasión superior a los 56 millones de pesos, a la cual se le fueron sumando los períodos sucesivos».

«Con este fallo -agregó la AFIP-, los responsables de la cerealera Bunge podrían correr con el mismo destino», ya que «la causa presenta importantes similitudes con las maniobras de planificación fiscal nociva de triangulación con la investigación de la cerealera Bunge», indicó.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó que “el caso de Cargill y el de Bunge son emblemáticos porque demuestran cabalmente que algunas de las empresas que más ganan son las que más evaden”.

En ese sentido, Echegaray recordó que “la participación en las ganancias de las empresas, responde a un principio de justicia social y que el dinero recaudado por el impuesto contribuye a distribuir la riqueza en la sociedad”.

“Es importante tener claro -agregó- que tanto la evasión de Cargill como los 1.200 millones que se investigan de la cerealera Bunge, resultan una clara sustracción de los fondos que el Estado dispone para poder financiar las prestaciones sociales básicas como la seguridad, la asignación universal por hijo, la salud y la educación de todos los argentinos, entre otros cometidos esenciales del Estado”.

Indicó al respecto que “los evasores que engañan al Fisco, también le mienten a la sociedad y a los trabajadores”.

Según la AFIP, esta maniobra de triangulación de operaciones vía paraísos fiscales guarda estrecha similitud con la que habría desplegado la firma Bunge, recientemente denunciada por la AFIP ante la Justicia Penal Federal de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

En la fiscalización, la AFIP pudo constatar que Cargill Argentina realizaba la mayor parte de sus operaciones a través de una sucursal de Uruguay.

«Pero esto sólo a los efectos contables, ya que la mercadería salía directamente desde la Argentina al comprador final y nunca pasaba por el país vecino, ni por ninguno de los otros que participaban en la operatoria. Es decir, la facturación iba por un camino y la exportación por otro», sentenció la AFIP.

De esta manera, según el organismo, Cargill Argentina facturaba sus ventas a su filial en Uruguay. Desde el país vecino se refacturaba a otras sociedades vinculadas, generalmente radicadas en países de baja o nula tributación y este último repetía la operación con el comprador final, indicó la dependencia oficial.

«Ante la Justicia, la AFIP demostró que Cargill Uruguay liquidaba maliciosamente la venta de commodities a otras sociedades vinculadas o trades a un precio menor al que se lo había comprado a la Argentina, registrando en sus balances pérdidas significativas», señaló el comunicado.

«Como los balances de la filial uruguaya se consolidaban en la Argentina, la empresa nacional contabilizaba esas pérdidas disminuyendo de esa forma la base sobre la que debía tributar el Impuesto a las Ganancias», agregó la AFIP.

En los primeros días del mes, el juez federal de Río Cuarto, Juan Carlos Ochoa, ordenó más de una decena de allanamientos en oficinas de la cerealera Bunge en el marco de una causa iniciada por la AFIP por presunta evasión de 1.200 millones de pesos.

Una investigación de la Afip sobre la declaración de ganancias que realizó Bunge en el 2007 determinó que la cerealera habría eludido el pago de unos 1.200 millones de pesos en concepto de impuestos, a través de un proceso de triangulación de exportaciones vía Uruguay.