La legisladora porteña María Rachid afirmó que la resolución del gobierno porteño que establece los procedimientos para los abortos no punibles «obstaculiza el derecho de las mujeres».

Según ella «viola importantes principios» determinados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y «establece que en caso de que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la mujer el Director del hospital debe confirmar el diagnóstico y la procedencia de la práctica» y que «ello viola lo dispuesto en el art. 86 del Código Penal, ya que requerir la autorización de más de un profesional de la salud es una exigencia adicional a la que establece la ley».

«Es una carga desproporcionada que constituye un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego», remarcó.En ese sentido, la legisladora explicó que «la resolución también establece que se debe constituir un equipo interdisciplinario para cada caso concreto».

Al respecto, la justicia expresa que «estas cargas en los casos de mujeres violadas se traducen en procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del embarazo y que constituye un acto de violencia institucional en los términos de la ley nacional de violencia de género N° 26.485″.

Respecto a que «menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de su representante legal», recordó que el proyecto consensuado por la oposición lo requiere con relación a las personas menores de 14 años, respetando la capacidad progresiva de los niños y adolescentes y debido a que las estadísticas establecen que constituyen la franja etaria más vulnerable a la violencia sexual».

Finalmente sostuvo que «tanto el Código Penal como el fallo de la CSJN establecen claramente que no puede obligarse a las víctimas de violación a efectuar denuncias penales para acceder a la práctica del aborto no punible, bastando una declaración jurada».