Federal

SALTA

Represión y detenidos en una comunidad diaguita calchaquí

El lamentable episodio se originó por la disputa de unas tierras que la comunidad reclama como originarias. Los salteños denunciaron que los policías arrojaron balas de gomas y piedras a las familias y les pegaron a las mujeres. Los hechos dejaron heridos y al menos unos 10 detenidos. Pero aún “siguen las amenazas de que van a venir más policías”, advirtieron los originarios.

En la tarde noche del lunes, la Policía salteña volvió a protagonizar un hecho de violencia con los integrantes de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, ubicada a unos 16 kilómetros de la población de Cachi. 

En diálogo con Nuevo Diario, Héctor Fabián, segundo representante de la Comunidad y miembros del Pueblo Unión Diaguita, contó que el lamentable episodio inició a las 18 horas, cuando el titular registral de las tierras, Carlos Robles, acompañado por mas de 10 policías quiso una vez más disponer algunas obras dentro de un territorio que la comunidad reclama como originario.

Se trataba de un portón que iba a impedir el paso de los miembros de la comunidad por un camino comunitario y que, según les dijeron (dado que no se mostró notificación alguna), contaba con el aval de la fiscal Gabriela González. 

En ese marco, referentes de unas 50 familias diaguita calchaquí decidieron quedarse en el terreno en estado de asamblea permanente para evitar los trabajos. 

En el marco de este clima de tensión, comenzó el enfrentamiento: los policías empezaron a tirar con balas de gomas y piedras y, ante ello, los originarios se defendieron con piedras. “Hubo uniformados masculinos que les pegaron a las mujeres”, sostuvo Fabián al tratar de relatar los excesos.

Los hechos dejaron heridos y al menos unos 10 detenidos. “Siguen las amenazas de que van a venir más policías”, dijo el referente a Nuevo Diario e indicó que la Policía de la zona desconoce las leyes que amparan a los pueblos originarios. 

Una situación ya se había presentado en  diciembre de 2010, cuando con el aval de la Policía y la Justicia, topadoras tiraron  abajo las viviendas de tres familias de la comunidad.

Por su parte, personal de las fuerzas de seguridad explicaron que sólo tenían información que se habían hecho presentes porque “el propietario de las tierras” quería realizar trabajos con maquinarias lo que produjo la llegada de la Comunidad al lugar para evitar los trabajos.