A continuación el comunicado de completo de Amnesty Internacional en referencia al Memorandum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán:

«El acuerdo entre Argentina e Irán se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial sobre el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), actualmente estancada, al posibilitar la realización de los interrogatorios pendientes.

La comisión de la verdad que ambos países proponen crear podría ser una contribución positiva, aunque no debe reemplazar los procedimientos judiciales. Argentina e Irán deben garantizar la independencia de esa comisión.

El memorándum de entendimiento parece indicar la voluntad de ambos países de que se avance en la causa del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos, al permitir que se lleven adelante actos judiciales pendientes. Aunque de ninguna manera garantiza el éxito en la investigación, crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia y reparación para las víctimas. Las indagatorias son actos de máxima importancia, imprescindibles para que pueda elevarse la causa a juicio oral y para dictar sentencia.

En 2006 el juez de la causa libró órdenes de captura contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés sospechados de haber participado en el atentado. Interpol aprobó seis órdenes debido a que dos de las personas revestían cargos de alta relevancia política y otra ya había sido sometida a un proceso de extradición en el Reino Unido. Desde entonces, un sospechoso ha muerto, por lo que a la fecha continúan vigentes cinco órdenes de captura con «alerta roja» de Interpol, que establecen que existen motivos para sospechar que los cinco hombres son responsables por crímenes contra la humanidad. Se cree que los cinco hombres residen en la actualidad en Irán, pero el gobierno de ese país, hasta el momento, se ha negado a arrestarlos para entregarlos a la Argentina.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, cabeza del Poder Judicial, ha fijado el procedimiento para autorizar misiones internacionales de magistrados y funcionarios judiciales, con el fin de realizar interrogatorios y otros actos judiciales. Esto se ha hecho en un número de casos en los últimos años.

Si después de los interrogatorios las autoridades judiciales argentinas entienden que la evidencia es suficiente para procesar a los sospechosos y ordenar su arresto, Irán debe garantizar el cumplimiento de los pedidos de extradición, a menos que decida investigar el caso a través de su propio sistema judicial, en un juicio imparcial que no contemple la posibilidad de pena de muerte. Así surge del deber de cooperar en el arresto, extradición y castigo de personas acusadas por crímenes de derecho internacional o graves violaciones a los derechos humanos.

Tanto Irán como Argentina deben garantizar que las reglas de procedimiento de la comisión de la verdad sean públicas y cumplan con los estándares internacionales. Además la comisión de la verdad debe garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, incluyendo una reparación completa. El marco legal que se establezca para la comisión de la verdad debe asegurar la plena colaboración de ambos países a través de sus gobiernos y tribunales.

Amnistía Internacional no toma posición acerca de los fundamentos de los cargos realizados por un juez argentino contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés por su supuesta responsabilidad en el ataque de 1994 contra la AMIA».