Gentili sostuvo que el PRO no quiere dar explicaciones. «No estamos prejuzgando, sólo pedimos respuestas”.

Diputados del Frente para la Victoria, Proyecto Sur (PS) y la Coalición Cívica (CC) impulsan un pedido de informe en la Legislatura para que el gobierno porteño brinde explicaciones por la concesión de millonarios contratos que involucra a dos ex funcionarios porteños.

Basándose en una nota publicada en el diario La Nación, desde la oposición porteña piden que el gobierno macrista informe sobre el otorgamiento de 18 contratos a las empresas Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV) y American Traffic SA (AT), empresas vinculadas a los trabajos de consultorías y obras en el transporte.

Según investigó el matutino, estas empresas multiplicaron sus contratos con la ciudad luego de que sus fundadores dejaran sus cargos como funcionarios públicos del gobierno porteño.

Las firmas recibieron al menos 18 contratos en los últimos cuatro años por un monto superior a los $ 6 millones. 

El Metrobús, las ciclovías y los contracarriles, son algunos de los proyectos en los que participaron. 

El diputado de Proyecto Sur y uno de los impulsores del pedido de informes, explicó que si bien anteriormente había habido acuerdo en asesores para que el proyecto prosperara, en el tratamiento de  Diputados, los representantes del PRO no adhirieron al proyecto, intentando bloquear así el pedido de explicaciones.

Finalmente el dictamen, que fue aprobado el lunes en la comisión de Transporte de la Legislatura, fue firmado por los diputados Maximiliano Ferraro (CC), Rafael Gentili (Proyecto Sur), María José Lubertino (Frente para la Victoria) y Claudio Palmeyro (Acción Sindical), quienes sostienen «posibles incompatibilidades éticas y/o legales en la contratación de empresas relacionadas a ex funcionarios y personas de influencia en el ámbito porteño».

«Anteriormente había habido quórum, dijeron que iban a firmar, pero luego no pasó», señaló Gentili. Según explicó el diputado de Proyecto Sur, «con argumentos poco consistentes, el PRO se negó a firmarlo».

Al respecto, Gentili señaló que «el documento está bien hecho, las preguntas están bien formuladas» y que era «un pedido de informes como correspondía».

«Es simplemente un pedido de informe. No se entiende por qué el PRO, si le dio acuerdo en asesores, no lo hizo luego en Diputados. Quizás en el medio recibieron una orden de la Legislatura para no hacerlo», deslizó Gentili.

De acuerdo con el artículo 11 de la ley de Empleo Público de la Ciudad, “los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires” están sujetos a la prohibición de “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar a personas de existencia visible o jurídica, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Administración Pública en el orden nacional, provincial o municipal, o que fueran sus proveedores o contratistas hasta un año después de su egreso”.

Meses después de haber dejado de ser director general de Transporte, IRV, la firma del ex funcionario Guillermo Yampolsky, ganó al menos diez licitaciones en el área de transporte porteño. Sólo en 2008, IRV facturó consultorías por casi $ 2 millones.

Según consigna la investigación, muchas de esas licitaciones fueron realizadas mediante contratación directa, una práctica que en el área de transporte es «mucho más habitual de lo que debería ser», señaló Gentili.

«Ante la nota publicada, lo que queremos es comenzar una investigación. Para ello necesitamos que el PRO nos dé explicaciones y por eso pedimos este informe», explicó el diputado y remarcó que no están prejuzgando sino que piden «colaboración para saber si la denuncia es correcta o no».

«Necesitamos información para saber si estas contrataciones y vinculaciones son como figuran en la investigación, quiénes son estos funcionarios, cómo fue la contratación, por qué fue una contratación directa y no una licitación y por qué se abonaron esos costos millonarios», remarcó Gentili.

Para comprender la dimensión de estas contrataciones sólo basta con conocer algunos números. 

La Ciudad compró 2000 delineadores verticales a $ 418,70 cada uno; es decir que en total pagó $ 837.400. Otro ejemplo claro son los carteles, que fueron cotizados a 12.550 cada uno, es decir que las 60 unidades costaron $ 753.000.

Respecto de los costos que estas contrataciones le implicaron al gobierno porteño, el diputado sostuvo: «Que cada delineador salga más de 400 pesos es un poco excesivo. A uno le da lugar a sospechar, pero no estamos haciendo ninguna acusación sino que queremos investigar y que se conozca más para poder atar hilos».