En su sentencia, la jueza Helena Liberatori mantuvo la medida cautelar que restringe la utilización del 0800 y limita su funcionamiento «solo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal», según lo informó el abogado constitucionalista Roberto Boico, actor en la causa.

El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, implementó en agosto una línea telefónica 0800 para recibir denuncias anónimas sobre actividades políticas en los colegios secundarios porteños, lo que recibió un repudio generalizado de fuerzas políticas y gremios y motivó la presentación de un amparo judicial impulsado por Boico. 

Según el fallo, el «único propósito» de la medida macrista apunta a «recibir información anónima respecto de actividad política ejercida por alumnos o personas afines a la organización La Cámpora».

La sentencia de Liberatori, que resuelve la cuestión de fondo de la causa, advierte también que la medida de Bullrich carece «de todos los procedimientos previstos en la ley» y la figura de la denuncia anónima «viola el derecho constitucional».

La jueza puso de relieve también que el macrismo no especificó qué funcionarios serán los encargados de acceder a la información (provista vía el 0800), ni tampoco estableció los «criterios en función de los cuales se tipificará qué hechos o conductas» serán penados.

La resolución de Liberatori establece que Bullrich «deberá hacer saber a la comunidad en un plazo razonable quiénes son los funcionarios a cargo de operar la línea y de analizar y clasificar esa información», además de las acciones «a que da lugar esa información».

«Quedó evidenciado que el ministro (Bullrich) nunca tuvo otro propósito que el de perseguir a los jóvenes que militan en La Cámpora, conforme surge de la sentencia y el reconocimiento del propio ministro en los escritos sucesivos», opinó Boico.

Liberatori ya había intervenido en septiembre último, cuando limitó la utilización del 0800 «solo para delitos».

Un mes antes Bullrich había salido a decir que consideraba «vergonzoso el adoctrinamiento de alumnos en escuelas» y habilitó el 0800 «para que los padres se involucren y digan si hay este tipo de episodios en los establecimientos».

La decisión fue repudiada por el resto del arco político en la ciudad, por los gremios docentes, y fue denunciada por «persecutoria y fascista» ante el Inadi.

También fue rechazada por diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) y Nuevo Encuentro, que presentaron un proyecto de repudio en el que remarcaron que quien «cercena la actividad política» es quien busca que «la ciudadanía no se involucre, que no pida por sus derechos y que no controle la administración de lo público».

A la hora inaugurar la línea telefónica, los argumentos del ministro Bullrich se apoyaron en su certeza de que la escuela debe «enseñar a pensar», pero «no decir qué y cómo» hacerlo.