El Área de Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo porteña presentó un balance terminante sobre el estado de la salud pública, que además incluye a las obras sociales, que no por ser pagas garantizan siempre la debida atención.

En los hospitales Tornú, Durand y Argerich, el órgano de contralor debió actuar por la falta de entrega de medicamentos, obligación que le compete al Gobierno de la Ciudad. Si bien en  menor medida que el año anterior, la falta de acceso a medicamentos que debieron ser provistos por el ministerio que dirige Jorge Lemus constituyó la queja más frecuente entre los vecinos que atienden su salud en hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC). Las quejas señalaron la falta o demora en la entrega de remedios incluidos en el listado del Plan Médico de Cabecera, así como importantes retrasos en la tramitación de las compras de las drogas que se encuentran fuera de ese vademécum. La situación afectó a pacientes con patologías crónicas de alta incidencia como diabetes, epilepsia, hipertensión o trastornos psiquiátricos y a aquellos que padecen enfermedades que requieren para su tratamiento medicamentos de mayor costo como los oncológicos, para hepatitis C o artritis reumatoide, entre otros. Estas patologías no pueden  soportarse sin las adecuadas drogas, pero, pese a ello,  a los hospitales no les son asignados los fondos para los trámites de ayuda médica y la resolución de éstos depende de la aprobación del nivel central. Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad mantuvieron numerosas reuniones con funcionarios de la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud del Ministerio de Salud porteño, pero no se logró que se  implementara ninguna política orientada hacia su solución.El segundo motivo de reclamo de los pacientes, fue la dificultad para la compra de prótesis e insumos indicados para cirugías y tratamientos. La espera excesiva en la realización de las cirugías perjudica a los enfermos, que agravan su problema de salud. Frecuentes  suspensiones  y reprogramaciones  en las fechas de cirugía traen como consecuencia  la reiteración de estudios prequirúrgicos o la necesidad de prolongar las internaciones preoperatorias a la espera de la intervención. Esta dificultad tiene una relación directa con las demoras en las cirugías cardíacas o traumatológicas o en el inicio de los tratamientos para los que fueron prescriptos los insumos, como por ejemplo, mochilas de oxígeno, leche medicamentosa o audífonos. Al respecto la Defensoría  preparó oficios y seguimientos de trámites en entrega de audífonos y prótesis en el hospital Ramos Mejía. Sin embargo, no hubo soluciones por parte de las autoridades correspondientes. Una de las actuaciones del organismo que ampara a los porteños se exhibe el  caso de una paciente del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” con indicación de cirugía urgente que fue fijada  para fines de octubre de 2009 y realizado el trámite de compra. Sin embargo, por razones presupuestarias, tal adquisición no se concretó en el período 2009, motivo por el cual en 2010 la paciente debió iniciar un nuevo trámite y renovar sus estudios médicos. En noviembre de 2010 la paciente fue informada por un miembro del Servicio de Traumatología de ese hospital que su cirugía sería realizada en febrero de 2011 por problemas con insumos y anestesistas. La espera llevó casi un año y medio y era urgente.En el tercer lugar entre los reclamos frecuentes es para  conseguir  un turno para practicarse una intervención. La falta de recursos humanos especializados (anestesiólogos y enfermería en áreas críticas), de recursos físicos y deficiencias de infraestructura son los motivos que retrasan este trámite. Aunque muchas veces salvan vidas, empeora todo. Varias quejas denunciaron problemas en los recursos físicos de hospitales y centros de salud, donde los médicos trabajar en un ámbito donde falta espacio, fallan equipos o directamente no funcionan. En los hospitales Durand, Penna, Argerich y Ramos Mejía ecógrafos, mamógrafos y cámaras gamma, están fuera de servicio. Otros reclamos mencionan problemas edilicios en el hospital Marie Curie, Fernández y Lagleyze, donde peligrosamente las calderas están obsoletas y, en el caso del centro oftalmológico, persisten daños de la inundación de febrero del año último.Existen obras sin terminar  como ocurre en las obras de remodelación o construcción sin finalizar en los hospitales Pirovano y Penna y en los CeSAC 7 y 27, donde se trabaja entre los materiales de construcción y el abandono.Es una práctica extendida entre la población usuaria de hospitales y centros de salud presentarse por la madrugada a la espera de obtener un turno de atención para consultorios externos. Ello se debe a la insuficiente disponibilidad de turnos por día y por especialidades en los efectores. En el hospital Santa Lucía y el Quinquela Martín, los reclamos de las especialidades de  Oftalmología y Odontología han resultado las más reclamadas por demoras. La Defensoría se encargó también de quejas referidas a distintos procederes institucionales o individuales ejecutados por personal profesional o administrativo de los efectores de salud que vulneran o niegan el pleno acceso al derecho a la salud de las personas, incluidos  maltrato, mala atención o negligencia hacia los usuarios. También atendió  casos de discriminación a extranjeros por no poseer documento argentino, violando los derechos garantizados por la normativa nacional vigente en materia migratoria.La titular de la Defensoría, Alicia Pierini, precisó en el informe que  “Cada reclamo es evaluado en particular, se asesora a los presentantes sobre sus derechos y se realiza la gestión formal que amerite ante el Ministerio de Salud porteño, recomendando, además, la instrucción del personal en relación a los derechos y normativas vigentes”, También hubo  actuaciones por estudios de resonancia magnética nuclear de cerebro indicadas a menores atendidos en el hospital Fernández, a quienes se les otorgaba turno con un año de demora. Sin duda, esta barrera puede empeorar el problema de salud de las personas o desalentarlas a continuar en el proceso de atención.Otras quejas hacen referencia a las dificultades para la obtención de historias clínicas y a las deficiencias en la atención telefónica y de ambulancias del SAME. Las unidades de emergencia médica con las que cuenta la Ciudad se niegan a ingresar a villas y asentamientos, y más de una vez los mismos vecinos trasladan, por sus propios medios, a la persona que necesita atención médica.”Quienes aportan dinero de sus ingresos para una obra social muchas veces tampoco la pasan mejor pese a que pagan mes a mes. La mayoría de las quejas presentadas por beneficiarios de obras sociales están referidas al incumplimiento de las prestaciones obligatorias previstas en el PMO (Programa Médico Obligatorio) y de los descuentos en medicamentos para pacientes crónicos. Otras plantean la ampliación de esa cobertura en razón de los tratamientos indicados por el profesional tratante (cirugías, prótesis, insumos, estudios o procedimientos, medicamentos fuera de vademécum), que debidamente justificadas deben ser provistas por la entidad”. En idéntica situación a la que se vive en los hospitales públicos, coberturas en medicamentos, insumos y prótesis son los ítems más reclamados, por beneficiarios del Profe Salud “La gestión de los reclamos se realiza partiendo de la concepción de la salud como derecho humano y constitucional, avalado en la normativa internacional, nacional y local, y desde el rol de la Defensoría del Pueblo, en tanto organismo del Estado dedicado a la promoción, protección y defensa de derechos, entre los que se encuentra el dedicado a la salud, media, habla y trata de llegar al arribo de una solución”, aclara Pierini.Un caso extraído del informe de la Defensoría  expone lo poco que, para algunos, vale la vida humana: una paciente del hospital Muñiz por participar en el protocolo de investigación de una droga del laboratorio Schering, recibió durante más de 10 años, y en forma gratuita, ese producto para su tratamiento con resultados positivos para su salud. Sin embargo, una vez que el medicamento fue aprobado por el Anmat y se convirtió en un producto a la venta, el laboratorio decidió discontinuar la entrega. Por medio de la Resolución 1.481/10, la Defensoría exigió a la empresa y a la dirección del nosocomio que garantizaran la continuidad del tratamiento iniciado. El caso fue resuelto a favor de la paciente reclamante, pero queda la sensación de que la persona no significó mucho más que una rata de laboratorio.