Con una maniobra parlamentaria que busca evitar su tratamiento en comisión de asesores para llegar directamente al recinto de la Legislatura, el macrismo porteño impulsa dos proyectos de ley que la oposición denuncia como punta de lanza para nuevos nichos de negocios privados en el gobierno de Mauricio Macri. 

En uno de los casos, advierten sobre el riesgo de avanzar hacia una “privatización” de la cobertura médica de emergencia que hoy la Ciudad brinda a través del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia). 

Las dos iniciativas tienen un mismo autor: el legislador Cristian Ritondo, uno de los hombres más influyentes en las filas del PRO, y en ambos casos involucran a un área específica del Ministerio Justicia y Seguridad que encabeza Guillermo Montenegro.

El primero de los proyectos, el 743D12, tiene por objeto “el ordenamiento de la actividad de los sistemas terrestres de ambulancias que prestan servicios de atención médica extrahospitalaria de urgencias y emergencias”. 

Con esta iniciativa se pretende establecer un nuevo marco y derogar la actual Ley N° 1850, que rige sobre todo el sistema de ambulancias que  está sin reglamentar. 

La propuesta de Ritondo,  legisla con respecto a una prestación de tipo privado, no hace mención al SAME y fija como autoridad de aplicación no al Ministerio de Salud, sino a la cartera de Justicia y Seguridad, a través de la subsecretaría de Emergencia, cuyo titular es Néstor Nicolás. 

Cabe acotar que se trata de un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Es decir, al núcleo más duro del macrismo.

El legislador del Frente para la Victoria (FPV) Francisco “Tito” Nenna sostuvo que “el traspaso de las ambulancias privadas a la órbita de Seguridad abre las puertas a la privatización del sistema de cobertura ante eventuales urgencias, sin depender de los criterios fijados por el Ministerio de Salud a través del SAME ni contemplar la disposición de vehículos pertenecientes al sistema público de ambulancias”.

Nenna subrayó que de esta forma se “terceriza indirectamente una parte de la intervención estatal ante eventuales emergencias”.

En un sentido similar se expresó Jorge Selser, legislador de Proyecto Sur y titular de la Comisión de Salud de la Legislatura.

“Se habla de una complementación entre lo público y lo privado, no sabemos qué puede pasar. Puede ser el primer paso para un intento de privatización del SAME, algo que ya se trató durante el menemismo”, advirtió Selser.

Por su parte, Alberto Crescenti,  director general del SAME,  afirmó que el sistema público de ambulancias viene prestando una atención eficiente y que no requiere de la asistencia del sector privado, exceptuando supuestos casos extremos, sumamente excepcionales. 

Crescenti aseguró no tener mayores precisiones sobre el proyecto, pero detalló que una posible derogación de la Ley N° 1850 no afectaría al SAME. “Desde tiempos inmemoriales fuimos exceptuados de esa reglamentación porque hay un médico arriba de la ambulancia”, sostuvo. Más allá de las hipótesis de tercerización, lo cierto es que la iniciativa de Ritondo tiene  un rumbo sinuoso. 

En principio, fue girada a la Comisión de Seguridad, que preside el macrista Alejandro García y donde el PRO, gracias a los votos que reúne entre propios y aliados recurrentes, pretende conseguir una aprobación sin abrir la discusión a los asesores de otros bloques, evitando los cuestionamientos y un dictamen de minoría negativo. 

Sin embargo, en los registros públicos el expediente 743D12 no figura para su giro a Seguridad, sino a Tránsito y Transporte y a Salud. 

Selser, que preside esta última comisión, daba por descontado que no le sería remitido. “No nos extrañaría. Cuando son proyectos conflictivos y pueden tener críticas importantes, no los mandan. De cualquier manera, vamos a presentar nuestra postura”, adelantó el legislador, quien recordó que una situación similar se dio cuando Macri propuso ceder terrenos del Hospital de Niños a la asociación Casa de Ronald McDonald.

La otra iniciativa cuestionada es la 744D12, que crea un “plan de evacuación y simulacro en caso de incendio, explosión o advertencia de explosión”, de aplicación obligatoria en la Ciudad y con un amplio campo de acción: “Inmuebles destinados a actividades sujetas a habilitación, como así también, los regidos por la Ley de Propiedad Horizontal N° 13.512 que superen los veintisiete (27) metros de altura y a aquellos de menor altura cuyo destino total o parcial sea para el uso profesional.

También en este caso ” se designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Emergencia a cargo de Néstor Nicolás, que tendrá la facultad de firmar convenios con los prestadores escogidos. Aquí también el texto fue enviado a la Comisión de Seguridad con la intención de elevarlo al recinto a libro cerrado.

La oposición, que no cuestiona el fin invocado por esta iniciativa, pero sí hace foco en la letra chica. “Se pretende que las empresas que se hagan cargo de los planes y simulacros de evacuación firmen un ‘convenio’ con la Ciudad sin especificar cuáles serían las contraprestaciones recíprocas de este contrato, ni por qué causa el Estado debería asociarse con estos privados”, remarcó “Tito” Nenna. 

“Es un negocio redondo para las firmas que terminen rubricando un convenio con el gobierno porteño y cobren a los consorcios por los servicios”, agregó.

La idea del macrismo era conseguir  un dictamen aprobatorio para ambos proyectos y así poder llevarlos a votación la semana próxima.