En Boletín Oficial y en relación a la represión realizada por la Policía Metropolitana en el hospital J T Borda, el Ministerio de Justicia y Seguridad  resolvió que “la Auditoría Externa Policial realizará las investigaciones administrativas en aquellos casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”.

Además se decretó desarrollar “un sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder a todos los agentes policiales que, cualquiera fuera su grado o jerarquía, se vieran involucrados en el procedimiento policial llevado a cabo el 26 de abril de 2013”.

Dicho organismo solicita que se ordene la instrucción del sumario para poder evaluar la conducta desplegada por miembros de la Policía Metropolitana, en el procedimiento policial que fue ordenado para proceder al desalojo de maquinarias y mobiliario que se encontraba en el Taller Protegido N° 19.

Las indagaciones definidas según el Boletín se realizan en función a los hechos ocurridos en los que un grupo de empleados del hospital de salud mental, así como otros manifestantes, habrían interceptado a los funcionarios policiales de los que aún se desconoce datos filiatorios; manifestantes que armados con piedras y demás elementos contundentes, tenían la intención de impedir el accionar policial. 

En respuesta a esto, la fuerza pública habría procedido a reprimir a los manifestantes, ocasionando lesiones en varios de ellos.

Según el ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro aseguró que tras la represión, 5 policías fueron separados y que de comprobarse que “hubo mal accionar” no tendrá dudas en la remoción de los efectivos.