Los intentos de desacreditar dicha medición no son sustentables. metodológicamente hablando, todos los registros alternativos instalados, desde el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, al que publica Buenos Aires City, o al denominado “índice del Congreso” expresaron, en rangos diferentes, guarismos inferiores en febrero a los que habían registrado del primer mes del año. La tendencia es cierta.
Por supuesto, las percepciones y los impactos son diferentes. Un índice es un promedio. Marcelo Diamand, un tanto burlonamente, para expresar las limitaciones de las mediciones estadísticas, decía, recuerdo, “que alguien podía ahogarse en un lago de un metro de profundidad en promedio”. Esto lleva implícito que dicho lago tendría zonas, por ejemplo, de más de tres metros de hondo y otras de cincuenta centímetros.
Podemos, siguiendo la metáfora, ubicarnos en la zona de los tres metros de profundidad del lago y ver que la carne vacuna subió en febrero un 7 %, el azúcar un 6,1 % y los productos medicinales un 12,4 %. Si tomáramos el promedio simple de estos productos, la inflación hubiera sido el 8,50%, que anualizado daría un guarismo catastrófico. Ahora bien, si nos ubicáramos en la zona de los cincuenta centímetros, tomando indumentaria, que se incrementó un 1,40 %., electricidad, que lo hizo 1,1 % y transporte público de pasajeros, que lo hizo un 0,70%, el promedio simple nos daría un 1,06 %, que anualizado nos otorgaría un guarismo del 13,48%, el que parecería heredado del ilegítimo IPC INDEC anterior Y todas estas mediciones son ciertas.
Los rubros que he elegido inciden en el gasto de los hogares en forma directa. No obstante su incidencia es diferente. Como explica la publicación de febrero del INDEC, si todos los demás precios hubieran permanecido constantes la incidencia del rubro alimentos y bebidas hubiera sido del 1,33 %, por lejos la más importante.
La estrategia del Gobierno entonces tiene especial énfasis en este rubro. De ahí la política de precios cuidados y la voluntad de monitorear el costo de los grandes productores de bienes y servicios para morigerar el proceso de pass-trough, o sea el pasaje de la devaluación a incremento de la inflación.
La conducción económica ha operado para sostener el tipo de cambio en torno a los ochos pesos con éxito en su valor contado, y operando adicionalmente para que el valor del dólar futuro se fije muy por debajo de la tasa de interés de mercado en pesos.
Como expresé en una artículo previo (Cuidado con los precios) el problema de la industria manufacturera no es sólo el costo presente de sus insumos, sino también la evolución futura del tipo de cambio, ya que sus existencias se valúan a costo de reposición, mecanismo de protección del capital privado. Es lo que torna relevante el “timing” del past-through.
A partir de explicitar el valor del tipo de cambio para el primer semestre del año, la Secretaria de Comercio ha impulsado la Resolución 29, que obliga a la empresas a informar mensualmente sus ventas y costos.
Es razonable predecir, que fijado el precio de referencia general de los precios (el dólar) el monitoreo y la aplicación de la legislación de Defensa de la Competencia, de Abastecimiento, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor consigan mantener un ritmo decreciente de los precios (aunque todavía altos) en marzo y el segundo trimestre del año. O sea un pass-through controlado.
Otros dos temas influirán en la inflación del 2014, la reducción de subsidios y las consecuencias de los incrementos salarios en los precios, veamos.
Los subsidios de diferente tipo alcanzan aproximadamente un monto anual de $ 130.000 millones, de ellos un poco más del 60 % corresponde a los subsidios a la energía. Conceptualmente lo que el Gobierno subsidia es la diferencia entre el costo real de producir o importar gas o generar localmente electricidad en usinas que se alimentan con fuel oil o a gas oil , frente al precio final del gas y la electricidad que pagan los usuarios de todo tipo a lo largo y ancho del país, un porcentaje cercano al 85 % de los usuarios reciben este subsidio, según Dante Sica, de la Consultora abeceb
Siguiendo los datos de Sica, para el caso de la electricidad, las distribuidoras pagan a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) un precio de $ 95/MW (megawatt) siendo el verdadero costo promedio de la energía eléctrica de $ 650/MW. Esa abultada diferencia muestra la magnitud del subsidio de importar combustible para generación eléctrica y fijar un precio interno por debajo de su costo. Es similar lo que ocurre considerando el gas importado de Bolivia o el gas natural licuado que llega por barco que es subsidiado por Enarsa.
La magnitud del subsidio se comprueba, tal como lo expone la consultora abeceb en que “Sin subsidios la factura bimestral de un hogar en el Área Metropolitana de Buenos Aires pasaría de $ 67 a $ 550. Mientras que en Córdoba y Santa Fe se pasaría de $ 400 a $ 900.”
En el caso del gas natural, dado que sólo el 56 % de los hogares argentinos cuenta con conexión a la red (datos de A. Chambouleyron) el problema es aún peor. El precio de la garrafa subsidiada es diez veces el precio del gas natural si se obtiene con subsidio y de veinte veces en el “mercado libre”. (Fuente citada). Y los usuarios son los que ocupan los tramos inferiores de ingreso.
El ajuste de las tarifas energéticas, que tienen este nivel de atraso, genera interrogantes más allá de lo económico. No es mi propósito el análisis de la política a seguir con el tema de la energía, sino mencionar las implicancias de corto plazo en los precios.
Los precios mayoristas de la energía aumentaran como consecuencia del retiro que se haga de los subsidios y los mismo harán los precios domiciliarios y de consumo productivo aunque en una magnitud y extensión desconocida. No se supone un sinceramiento abrupto, en un sólo acto, pero los impactos inflacionarios son diferentes si se aumenta el precio mayorista de la energía para todos los usuarios, lo que encarecerá los costos productivos, con lo que su impacto sobre los precios será más extenso, que incrementos en los consumos domiciliarios urbanos.
Estructuralmente, además, una rebaja de los subsidios reduce el financiamiento monetario del déficit fiscal que es un factor inflacionario, un efecto positivo.
Es probable que el Gobierno reduzca fuertemente los subsidios a la electricidad y al gas de los consumidores urbanos de recursos medios y altos, matice la reducción de subsidios al combustible vinculado directa o indirectamente a su uso en el aparato productivo y adicionalmente instrumente algún mecanismo para captar deuda en pesos a través del Tesoro para financiar el déficit fiscal remanente, luego de estas correcciones. Esto último (el financiamiento vía la emisión de deuda del Tesoro y no monetización del déficit fiscal) evita un ajuste brutal de los precios de la energía buscando no emitir pesos para sostener el desbalance entre costos y precios y programar una estrategia de recomposición de estos últimos en el tiempo. Esto desarmaría la estructura de los subsidios, financiaría el proceso reduciendo paulatinamente el déficit fiscal y no provocaría saltos en el IPC Nacional en los meses en que este índice puede irse paulatinamente encarrilando.
En relación con la negociación salarial en paritarias y el eventual traslado a los precios de las mejoras obtenidas por los trabajadores, el otro problema abierto para definir la tasa de inflación de este año, merece un pequeño comentario previo. Desde la teoría microeconómica neoclásica tradicional, que es la que se ha instalado como el “saber económico” para los grandes medios, se sostiene, como afirma Juan Cerruti, editor de economía del Cronista Comercial, que “un aumento salarial (en términos reales) desde el punto de vista de la empresa es un costo adicional. Para que ese mayor costo no se traslade al precio de venta al público de un producto (y retroalimente la inflación y los reclamos salariales) el empleado que recibe el incremento debería producir más. En qué proporción? En la misma del aumento recibido. Es decir “que la mejora de salarios (en términos reales, descontada la inflación) vayan de la mano de la mano de los incrementos en la productividad laboral.”
La realidad económica de cada coyuntura contradice en términos fácticos esta apreciación tan concluyente o al menos la matiza. No la voy a contradecir en sus postulados teóricos porque no es el objeto de esta nota. En cambio voy a sostener que los incrementos de los salarios nominales no necesariamente deben tener repercusión directa sobre los precios. No son directamente inflacionarios. En primer lugar puede operar el mecanismo de aceptación por parte de los empresarios de reducción de su margen de ganancias, es decir reducir la tasa, el porcentaje de utilidades, apostando a un mayor volumen de ventas que incremente su masa de ganancias. Ganar más con menor margen. Este fenómeno ocurrió en la Argentina gracias a la sostenida expansión del consumo durante la última década en diversas ocasiones. En segundo lugar siguiendo a Javier Lindenboim “el punto en cuestión, sin embargo, pasa por la respuesta a lo siguiente: Si la productividad del trabajo aumenta en un monto dado, ¿cuánto de ello deberá quedar en posesión del empleador y cuanto en manos del trabajador? La respuesta a esta simple pregunta expresa una de las contradicciones más claras del capitalismo.”. Simplificando brutalmente: Las ganancias de productividad, producir por ejemplo el doble en el mismo tiempo, pueden mejorar el ingreso, el salario real del trabajador, pero pueden transformarse en un mayor beneficio de los empresarios sin un reparto equitativo de esa mejora de productividad.
Tomando los datos de CIFRA, el centro de estudios ligado a la CTA de Hugo Yasky tenemos que “el poder adquisitivo de los asalariados registrados fue en 2013 un 32,4 % más elevado que el vigente en el último trimestre del 2001. En tanto que el de los trabajadores informales fue apenas un 9,8% superior”. Han operado los dos fenómenos descriptos, la productividad permitió una mejora del salario real y los márgenes empresarios han sido flexibles ante el crecimiento del consumo asalariado robustecido.
El escenario 2014 nos muestra que operaran aspectos regresivos vinculadas a la devaluación y el incremento de las tasas de interés, independientemente de lo ajustado o certero de las medidas adoptadas y ofrece mayor complejidad para el entramado productivo, con esperables retracciones en el sector automotriz, de insumos difundidos (plásticos, aluminio, cartón), de la metalmecánica y de la industria textil no compensados por la esperable expansión de la industria alimenticia, de refinación de petróleo y química, lo que puede afectar el empleo y definitivamente afectará el salario real.
Frente a este escenario a mi juicio debería implementarse una eliminación del monto mínimo no imponible de ganancias en los tramos uno a cinco de la grilla de la denominada “renta del trabajo” y como sostiene CIFRA “la implementación de políticas sociales y de ingresos expansivas tendientes a mitigar los efectos recesivos de la devaluación y del alza de la tasa de interés. A la puesta en marcha del Plan Progresar se deberían adicionar incrementos significativos del salario mínimo, la Asignación Universal por Hijo y los haberes jubilatorios”. Esto implica un regreso estelar de la sintonía fina, particularmente en el segundo semestre, combinando reducción de subsidios, incrementos de tarifas y financiamiento del déficit por el Tesoro y no por emisión monetaria del BCRA.
