Representantes de las empresas de comunicaciones Telefónica y Telecom, Alejandro Pinedo y Carlos Zubiaur, respectivamente, declararon ante los legisladores de la Comisión especial Investigadora.

Coincidieron en que cumplen las órdenes de la Secretaría de inteligencia, e informaron que muchas veces ellos no ven la orden del juez que pide la intervención de los teléfonos. El diputado PRO Martín Borrelli denunció que esto posibilita “montar un organismo de escuchas ilegales”.

 El director del área de Legales de Telefónica Argentina señaló que la Ley dispone que “toda comunicación es secreta” y que para intervenir alguna llamada debe existir una orden judicial”.

Además aclaró  que” la empresa recibe la orden de intervenir las comunicaciones a través de la SIDE, y no directamente del juez que la exige”. El recorrido sería según informó: Justicia – SIDE – empresa de comunicaciones.

El representante de la empresa española comentó que “dentro de Telefónica hay un sector especial que se dedica a este tipo de órdenes que no depende de mi dirección. La función que cumple la empresa de teléfonos es “retransmitir a la SIDE la comunicación pero que la escucha no sucede en Telefónica, sino en el organismo de inteligencia”.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos del grupo Telecom Argentina, Carlos Zubiaur, dio respuestas similares a Pinedo. Dijo que su empresa “intercepta en cumplimiento con lo que pide la Secretaría de Inteligencia”.

También informó que “no se encargan de escuchar las comunicaciones” y expresó  que “Telecom recibe las notificaciones de la SIDE para proceder a las intervenciones y  pocas veces pudo ver en estos pedidos la orden judicial que pedía la pinchadura”.

Los legisladores  a esta altura, dudan que detrás de cada pedido de la SIDE exista una orden judicial.

Al respecto, el diputado PRO Martín Borrelli expresó que “se puede montar un organismo de escuchas ilegales porque esas notificaciones no traen el pedido judicial”.

Luego de una acalorada discusión en la que el bloque oficialista intentó, sin lograrlo, establecer una fecha para las declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, la Comisión decidió requerir la documental restante.

Tanto el legislador Eduardo Epszteyn como Raúl Fernández reclamaron que «la prueba documental no llegó completa», motivo por el cual se votó enviar una nota al Ministerio a cargo de Montenegro para coordinar reuniones o algún mecanismo en el que los diputados tengan acceso a los materiales requeridos. «Lo que hay es un absurdo listado de expedientes. Nada hay de las compras y contrataciones», sostuvo Fernández.

Por otra parte, la posibilidad de que los testigos del martes próximo no concurriesen o sobrepasaran el horario previsto de reunión, los legisladores estipularon que ese día se conocerán los supletorios y demás días de cronograma.