Trabajadores de empresas recuperadas y cooperativas se convocaron frente a la sede de Fabricaciones Rosario -avenida Perón al 7400-, hasta donde llegaron un juez y policías para desalojar a quienes reactivaron la empresa tras la quiebra. Tras largas horas de negociaciones en las que intervinieron funcionarios nacionales y provinciales se logró un acuerdo para destrabar el conflicto y la medida fue suspendida por seis meses.

El juez que entiende en la causa es Marcelo Bergia, quien sobre el final de la tarde de ayer llegó hasta la fábrica. También se hicieron presentes efectivos policiales que, de acuerdo con las primeras informaciones, rompieron un candado para ingresar al predio, en el que había cuatro trabajadores de la cooperativa que reactivó la fábrica el año pasado tras un proceso de quiebra.

De inmediato esos trabajadores avisaron a sus compañeros y la convocatoria se extendió a los de otras empresas recuperadas y cooperativas y también a autoridades políticas. Así, poco antes de las 20.00 la expectativa estaba puesta en una conversación que mantenía el juez con el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, el funcionario de la regional local del Ministerio de Trabajo de la Nación Cristian Recchio, representantes de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, la diputada nacional Josefina González y el diputado provincial Eduardo Toniolli.

Los manifestantes reunidos frente a la fábrica para rechazar el desalojo y defender la continuidad de la cooperativa celebraron el acuerdo firmado alrededor de las 22.30 por el presidente de la cooperativa, el abogado de la titular del inmueble y las autoridades presentes, en el que los trabajadores se comprometen a pagar un alquiler durante seis meses, y a buscar en ese lapso de tiempo un nuevo local para trasladar las maquinarias.