Al momento de su asesinato, Judith estaba en el tercer año de la escuela secundaria y tenía apenas 16 años. Vivía junto a su mamá, Gumercinda y su hermano Edu, en su hogar en la Villa 31. Además trabajaba en “Los Bronquitos”, un establecimiento que funcionaba como bar y a su vez como lavadero de ropa, donde los gendarmes de la zona lavaban sus uniformes.

La noche del 23 de junio de 2007 estaba invitada a la cena por el cumpleaños de la hija de Féliz Chamorro, dueño del local donde trabajaba. En el mismo bar estaba Federico Sandoval, un cabo gendarme que llegó al lugar y pidió su cena. Chamorro le pidió a Judith que ayudara a servir esa mesa pero ella se negó. En el juicio al testificar, Chamorro sostuvo que ella jamás se había negado a atender una mesa. Sandoval la había conocido en un cumpleaños y desde aquel entonces él la perseguía. En el juicio, negó haber ido al bar y después se retractó. También dijo que no recordaba nada, que había tomado mucho, aunque el resultado de las pericias fue que no había alcohol en sangre.

En un pasillo de la Villa 31, a las cinco de la mañana, Sandoval le disparó a Judith en la nuca. La bala hallada correspondía a una 9 milímetros, arma reglamentaria de Gendarmería. El documento de identidad de Sandoval fue encontrado en la escena del crimen. El arma era del oficial y la tenía encima cuando lo detuvieron al día siguiente. “Maté a una rata”, dijo para justificar que había disparado el arma, así de brutal y alejado de algún apego al valor de la vida humana como suena. Trabajaba en la División Investigaciones Judiciales de Gendarmería y, en el momento en que cometió el crimen, estaba de turno. Vivía en el Edificio Centinela. Mató a Judith con un arma provista por el Estado.

El 22 de septiembre de 2008 el Tribunal Oral en lo Criminal 11 condenó escandalosamente al ex gendarme a la pena mínima de ocho años de prisión por “homicidio simple”. Los jueces del tribunal fueron Enrique Álvarez Aldana, Enrique Pose y Floreal De Laurentis, y el fiscal fue Eduardo Marazzi. Ningún funcionario de la justicia consideró agravante que Sandoval perteneciera a una fuerza de seguridad, ni que el arma reglamentaria con la que disparó pertenecía a una institución estatal.

El odio por género y clase de un Gendarme se cobró aquella noche una víctima de las tantas del gatillo fácil, la forma más miserable de expresión de violencia institucional.

Su mamá, Gumercinda, transformó su dolor en lucha. En su barrio acompaña en conflictos de las más diversas índoles a sus vecinas y vecinos a través del “Centro comunitario Judith presente”.

Además de sostener su militancia social, sigue peleando contra la irresponsabilidad e indiferencia del Estado frente a los reclamos de las madres de Víctimas de Violencia Institucional, un Estado que no piensa ni articula políticas eficientes para disminuir casos de violencia de este tipo en las fuerzas de seguridad.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se había convocado un acto conmemorativo para el día viernes a los fines de colocar un cartel recordatorio del hecho en la plazoleta que con su nombre conmemora a Judith Alice Giménez, ubicaba en la intersección de Antártida Argentina y Gendarmería Nacional, en la zona de Retiro. Pero la actividad se suspendió porque la placa no llegó a tiempo, según indicaron funcionarios del área a la familia.

Esto que parece un error administrativo menor, es nuevamente el Estado subestimando un hecho de violencia institucional y no respondiendo al dolor de quienes en vida son madre, hermanos, amigos y amigas de las víctimas de gatillo fácil. ¿A cargo de ese Estado está la misión de pensar políticas para impedir que esto siga sucediendo?