En el marco del escándalo por la investigación penal que lleva adelante la justicia de España en torno al millonario desvío de fondos del Partido Popular, se abrieron sospechas en torno a una empresa del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero.

Se trata de la Compañía Agroindustrial Iberoamericana S.A., una firma que los Romero constituyeron en Madrid, España, y que aparece como una de las tres sociedades de Estancia El Carmen S.A., la empresa receptora de todos los negociados que involucran al ex gobernador con tierras del estado.

La justicia del país español investiga si la compañía serviría para el blanqueo de fondos procedentes de negocios ilícitos. Especialmente, se sospecha que esta empresa, dedicada a la explotación de cítricos, fue utilizada para lavar dinero del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

En estas operaciones serían claves el representante comercial de la Agroindustril, Rodrigo Cátulo Marcuzzi, sobrino del ex gobernador. Pero a su vez, se encuentran en la mira el empresario español, Ángel Sanchís Herrero, un propietario de Finca La Moraleja, ubicada en Salta y también fuertemente vinculada al ex gobernador. 

En este marco, el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, acusó a Sanchís Herrero (hijo del ex tesorero de Alianza Popular) de ser cómplice de Bárcenas y su socio en los negocios que tiene en la Argentina.

De acuerdo con la investigación, Bárcenas y Sanchís llevaron a cabo «una mezcla de capital» en las cuentas de la empresa La Moraleja para ocultar unos seis millones de euros en Estados Unidos.

Sanchís, en su indagatoria, afirmó que las transferencias correspondían al pago de un asesoramiento de Bárcenas para la venta a nivel mundial de los limones que se cosechan en La Moraleja.

Romero: cada vez más complicado

Los vínculos que Romero tendría con capitales de dudosa procedencia española, no se limitarían a la empresa la Moraleja, sino también a la Estancia El Carmen S.A. que en 2007 recibió una inversión de seis millones de dólares desde España.

Por entonces, el salteño estaba a meses de finalizar su último mandato al frente de la provincia y su hermano Marcelo Romero presidía la firma. 

En este marco, se decidió un cuantioso aporte de capital que efectuaría la firma Compañía Agroindustrial Iberoamericana S.A., representada por un familiar de los Romero, Marcelo Cátulo Marcuzzi.

Se trataba de un millón doscientos mil dólares en una primera instancia y de 6.200.000 de dólares, destinados, supuestamente, a proyectos de inversión de Estancia El Carmen S.A.,  presidida por Juan Esteban Romero, hijo de Juan Carlos.

La situación mueve a distintos interrogantes, el primero de ellos relacionado con la enorme importancia que en términos económicos tienen las tierras de La Ciénaga, las que Estancia El Carmen S.A. adquirió tras un pasamano de operaciones inmobiliarias investigadas por la justicia penal de Salta.

En dicho caso, Romero está acusado de haber planificado una operación por la cual la Estancia El Carmen quedó en poder de 90 hectáreas que estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales para los salteños. 

Romero entregó por estas tierras 100.000 pesos, una irrisoria suma de dinero, y además hizo pagar millonarias sumas al estado provincial a supuestos “testaferros” que participaron de la maniobra.

  De esta manera, surgen serias sospechas de que este negociado estaría estrechamente vinculado con el aporte de dinero procedente de España, cuyo origen podría estar vinculado a otros hechos de corrupción local.