El diputado Miguel Bonasso aseguró que durante la próxima sesión en Diputados pedirá tratar sobre tablas su proyecto de muerte digna que tiene giro a las comisiones de Salud, Legislación General y Derechos Humanos pero que aún no fue figura en sus agendas.

Esto se da en el marco del caso de Camila, una niña de dos años que por complicaciones derivadas del parto se encuentra en un estado vegetativo permanente: no ve, no oye, no habla ni siente.

Como consecuencia, su madre, Selva Herbón, pidió a los médicos y autoridades del Centro Gallego que la desconecten ya que tres comités de bioética declararon su estado como irreversible, pero en el sanatorio argumentan que no pueden hacerlo porque “hay un vacío legal y el hecho se convertiría en un homicidio”.

De esta manera la mujer se vio obligada a enviar una carta a Diputados pidiendo que aceleren el tratamiento de los proyectos que se encuentran en dicha Cámara para que el caso de su hija tenga una pronta resolución. Bonasso, que presentó su proyecto propio hace un mes, anunció que en la próxima sesión pedirá el tratamiento sobre tablas.

La iniciativa de Bonasso establece que los enfermos terminales o en agonía tienen derecho a “rechazar la aplicación de procedimientos e intervenciones sanitarias”, aún cuando pudieran poner en peligro su vida.

El proyecto de ley de Bonasso se suma a la discusión sobre la llamada “muerte digna”, referida a los enfermos en fase terminal que no quieren continuar con los tratamientos de sus enfermedades y dejarse morir.

Lo central de este proyecto es el que habilita a los pacientes a no continuar con los tratamientos, aún a riesgo de fallecer. “La persona que se encuentre en situación terminal o de agonía tiene derecho a rechazar la aplicación de procedimientos e intervenciones sanitarias propuestas por los profesionales intervinientes y/o revocar el consentimiento prestado ante un procedimiento o intervención concreta, aún cuando tales decisiones pudieran poner en peligro su vida”, sostiene Bonasso.

El rechazo deberá constar por escrito y se adjuntará a la historia clínica. La renuncia al tratamiento no incluye a aquellas medidas tendientes a obtener el alivio de su dolor. En cuanto a la responsabilidad de los médicos establece: “Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa, derivada del estricto cumplimiento de la misma”.