Primero fue el complicado traspaso del subte a la esfera del Gobierno de la Ciudad. No olvidemos que hubo un acta de aceptación,  el inmediato aumento del servicio y luego el paso atrás por parte del Gobierno porteño que no aceptaba o desconocía los términos pactados.

El Gobierno de Mauricio Macri, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), se hizo cargo oficialmente esta semana del manejo y control de las seis líneas de subte y el premetro. Las primeras medidas que anunció levantaron más críticas y rechazos.

En primer lugar se decidió cerrar por 60 días la Línea A, que va de Carabobo a Plaza de Mayo, para reemplazar las 45 unidades con las que cuenta. La iniciativa fue criticada por el Gobierno nacional, la oposición política porteña y  los metrodelegados. 

Pero el mayor trastorno por esta suspensión lo sufren los usuarios y los comerciantes que alquilan locales en la Línea A. 

A todo esto  se sumó que el mismo martes 1 de enero en que entró en vigor la normativa que le permitió a la administración Pro hacerse cargo del servicio, el Jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, manifestó que el costo del pasaje, “si no hubiese subsidio alguno, estaría arriba de los seis pesos”. 

Algo que meses atrás y en momento de pelea entre la Nación y la Ciudad por quien debía hacerse cargo del servicio, también había señalado el titular de Sbase, Juan Pablo Piccardo, al referirse a la posibilidad de un aumento de tarifas. 

La mayor crítica se centró en que la suba del boleto no se basaba en ningún relevamiento oficial que detallara los costos del servicio, del personal, del mantenimiento y, por otra parte, tampoco lo había de las ganancias por los negocios adicionales que genera el subterráneo, como el alquiler de locales, el peaje electrónico a las antenas de telefonía celular, la publicidad estática y hasta de las boleterías-kiosco, una modalidad que implementó Metrovías en algunas de las principales estaciones. 

Macri aclaró que por ahora seguirá subsidiando el boleto. Esto se logró gracias a que la Legislatura autorizó algunos incrementos impositivos, como fue en el caso de los peajes y los combustibles. 

Sin embargo también dijo al referirse a la cuestión tarifaria del subte, que “todas las cosas se ajustan, como pasa en la vida diaria por la inflación”, dejando una puerta abierta para un aumento.

Por otra parte,  la concesionaria sigue diciendo que el servicio da pérdidas y que para subsistir debe haber un nuevo aumento de tarifas, ya que la situación actual del servicio, las frecuencias y el estado de los vagones y las estaciones deja mucho que desear. 

Cabe recordar que  Macri ya implementó una suba y luego no se hizo cargo del servicio y, por lo tanto, no lo mejoró. 

A esta problemática se suma la parálisis de la Línea A, donde es muy probable que los comerciantes tomen algún tipo de medida legal contra el Gobierno porteño por las pérdidas económicas que eso les generará. 

Por último, se anexa la pelea que tiene con los metrodelegados, quienes no están dispuestos a aceptar las nuevas reglas de juego que impone el Jefe de Gobierno.

El miércoles 2, Macri realizó una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Piccardo en la que anunció el envío de una carta a Metrovías, empresa que controla el Grupo Roggio, para comenzar las conversaciones que concluyan en la redacción de un nuevo contrato de concesión. 

Informó que en caso de no ponerse de acuerdo se tendrá que “prever alguna solución alternativa”. “Pero nuestra primera intención –dijo– es intentar ver si con el actual concesionario podemos generar un programa para mejorar la calidad del servicio.” 

Respecto a esto, fuentes del Gobierno porteño tampoco descartaron el tema de estatizar el servicio, aunque este sería uno de los últimos recursos. 

En esa conferencia aprovechó para criticar  al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar: “El servicio funcionaba mucho mejor hace diez años. Claramente a partir de ahora aspiramos a impulsar una agenda de inversiones que debió haber sido puesta en marcha por el Gobierno nacional hace 10 años y que nunca lo hizo. Es sorprendente que el Gobierno nacional opine del subte, con el desastre que hizo en el transporte”.

Macri volvió a deslizar la posibilidad concreta de que el boleto subiera al señalar que, sin subsidios, “la tarifa no estará bajo los 6 pesos”, aunque reconoció que la cuestión debe ser analizada a fondo. “Necesitamos estudiar profundamente el tema. Pensaba que no iba a estar por debajo de los seis pesos porque la tarifa que resulta no es lo que realmente terminamos pagando, es lo que paga el usuario directo, pero después la diferencia alguien la paga y, por decisión de la Presidenta, la va a pagar la Ciudad”, concluyó el ingeniero.

Sobre el tema de las tarifas, la Ley de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros prevé en su artículo 31 que “en caso de incrementos de costos que superaren un 7 por ciento, la Autoridad de Aplicación procederá a iniciar el proceso de revisión tarifaria inmediatamente después de ocurrido el incremento”. Según cifras de Metrovías, los pasajeros del subte pasaron de 310 millones en 2011 a 248 millones en 2012, es decir que el servicio perdió un 20 por ciento de usuarios luego del aumento del 127 por ciento en el boleto que impulsó el macrismo, cuando pasó de 1,10 peso a 2,50 pesos.

Luego de los dichos de Macri sobre la posibilidad de un aumento tarifario, la oposición salió a pegarle. 

El jefe del bloque de legisladores del Frente para la Victoria (FpV), Juan Cabandié, aseguró que “sería irracional” pensar en una tarifa de 6 pesos. “Esta salida intempestiva de Macri es un anticipo de que va a aumentar la tarifa. Quizás en un primer momento no llegue a 6 pesos pero es una forma de ir amoldando a la sociedad a la idea de que puede aumentar la tarifa”, sostuvo.

Por su parte, Rafael Gentili, diputado porteño de Proyecto Sur, señaló: “Las tarifas tienen que ser subsidiadas para que estén al alcance de todos. Subir el subte a seis pesos sería meterles la mano en el bolsillo a los usuarios. No podés pedirles a los pasajeros que financien lo que vos no querés poner del Presupuesto. A Macri le aprobamos en la Legislatura casi 3 mil millones de pesos en el Presupuesto para que subsidie la tarifa, no para que aumente el boleto”.

También  atacó al Jefe de Gobierno el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro (Agtsyp), Roberto Pianelli, quien advirtió que la tarifa técnica del subte estaría en “cuatro pesos y no en seis como lo calculó Macri”, y aseguró que brindar esa cifra es, “como mínimo, una brutalidad” y una “irresponsabilidad” de parte del Jefe de Gobierno.

Además, hay que mencionar que la norma que se votó en la Legislatura dice que tiene que haber una auditoría financiera, técnica, legal y contable de Metrovías, lo cual determinaría en tres meses cuál es la tarifa real que debe costar el boleto de subte.

Los metrodelegados mantienen una pelea sin cuartel con el Gobierno porteño, ya que este se siente más cerca de los líderes conciliadores de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), quienes suelen negociar con Metrovías a pesar de no tener a la mayoría de los trabajadores de su lado, que responden a las convocatorias de paros que realizó la combativa Agtsyp de Pianelli. 

Al referirse a la relación con ambos gremios, Macri mostró su preferencia: “Hay una representación gremial que es UTA. No vamos a desconocer que tienen la legitimidad que marca la ley. Los metrodelegados solo cuentan con la simple inscripción que les otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación, que precede al reconocimiento definitivo”.

Tampoco se desconoce la carta que el presidente de Sbase le envió a Metrovías, en la que se menciona que la empresa dejará de tener a su cargo algunos de los negocios que manejó hasta ahora, como el alquiler de locales, el servicio de fibra óptica y otros tantos que engrosaron las arcas del Grupo Roggio. En la carta se hace mención a que la ley da un plazo de 60 días para renegociar un nuevo contrato y, en caso de no ponerse de acuerdo, el Gobierno porteño tendrá las manos libres para accionar como mejor le convenga. “No descartamos ninguna alternativa. Primero vamos a intentar aprovechar el conocimiento y la experiencia de tantos años por parte del equipo técnico que tiene Metrovías. Si no nos podemos poner de acuerdo, encararemos otra alternativa, con otro concesionario, o manejada directamente por Sbase”, manifestó un funcionario de Subterráneos de Buenos Aires.

Otro de los conflictos de gravedad que enfrenta el Gobierno de la Ciudad se encuentra en la Línea A. Los comerciantes que alquilan locales en esa línea critican tanto a Metrovías como a la administración Pro, ya que nadie se hace cargo por los dos meses de pérdida que sufrirán. 

Según los comerciantes, “La gente de Subterráneos de Buenos Aires nos dijo que debíamos quejarnos a Metrovías pero al mismo tiempo la concesionaria nos dice que fue el Gobierno de la Ciudad quien ordenó que la Línea A deje de funcionar por dos meses, con lo cual esto nos produce una terrible pérdida económica de la cual nadie se hace cargo, ni tampoco nos plantean qué va a pasar con nosotros”. 

“En la estación Perú, los comerciantes que tienen negocios en el subte le pagan un alquiler a Metrovías, con lo cual su situación es muy complicada. 

Tampoco se habla de un resarcimiento económico, ni qué va a pasar con el alquiler de enero y febrero. “Si no nos dan una respuesta enseguida, estamos analizando muy seriamente la posibilidad de iniciar acciones legales contra Metrovías y contra el Gobierno porteño”, agregó el comerciante consultado. 

Este último tema tiene cierta relación con lo que sucedió con los locatarios de los inmuebles afectados por la construcción de la Línea H, que luego de varias quejas y gracias a una iniciativa de la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, y varios legisladores fueron incorporados en una ley que les estableció un subsidio. 

Y finalmente, en el día de ayer, un nuevo problema se agregó a la larga lista y es: el ancho de los vagones, que hace que se deba pensar en el enangostamiento de los andenes, lo que resulta complicado y hasta podría retrasar la puesta en marcha del servicio de la Línea A.