Ciudad

Analizan subsidiar a los usuarios que no puedan pagar el aumento del subte

El presidente de la entidad que controla los subterráneos de la Ciudad, Juan Pablo Piccardo, ratificó el incremento de tarifa en el servicio a $3,50, aunque aclaró que se están pensando "mecanismos" para aquellos pasajeros que no pueden afrontar la suba del boleto.

 

«Es una tarifa razonable y que se puede pagar. Estamos pensando mecanismos para la gente que no lo puede afrontar», aclaró hoy el funcionario en declaraciones a Radio del Plata. 

Al respecto, el titular de Sbase aclaró que los mecanismos de subsidios no serán masivos, y que evitarán los vicios del sistema vigente en otras áreas del transporte público, como el financiamiento aplicado por el Gobierno nacional a través de la SUBE. «Tenemos claro es que el sistema de subsidiar ‘a todo el mundo’ es malo. No sólo son inequitativos desde el punto de vista de la distribución (ya que hay quienes que pueden pagar alzas tarifarias y quienes no), sino que generan una situación de corrupción entre funcionarios y concesionarios, como se ha visto en Once», explicó.

Con respecto al impacto que podría generar el aumento del boleto en el uso del servicio, Piccardo rechazó los argumentos de los metrodelegados y de distintos especialistas, al afirmar que no «fue tanta la gente» que dejó de usar el subte para consumir colectivos. 

Además, el funcionario comentó que aún no contestaron desde Presidencia de la Nación sobre si participarán funcionarios nacionales en la reapertura de la línea A de Subte, la cual fue cerrada por dos meses para emplazar nuevas formaciones. «Esperamos que puedan concurrir, es un evento importante», afirmó.

Juan Pablo Piccardo se expresó poco antes de la sesión legislativa donde hoy se buscará reglamentar este tipo reajustes tarifarios. La iniciativa, convocada por diputados opositores a Mauricio Macri, intentará modificar la ley que legitimó el traspaso del subte de la Nación a la Ciudad y reguló el servicio.

El proyecto prevé ligar el incremento del boleto a los resultados de una auditoría contable y financiera, que esa ley ordena realizar y para cuyo desarrollo fijó un plazo de 120 días. 

 

Fuente: Infobae