Tras la expulsión por parte de los militares egipcios del presidente democráticamente electo Mohamed Morsi, los funcionarios públicos y personalidades de los medios de comunicación han debatido sobre si la reciente turbulencia debe ser llamada o no un golpe de Estado. 

Los partidarios de la acción ven la destitución militar del presidente como un acto legítimo, ya sea citando la impopularidad generalizada de Morsi o el apoyo popular a los militares. Por ejemplo, Mohamed Tawfik, el embajador egipcio en Estados Unidos, dijo en el programa This Week de ABC que «Egipto no ha sido objeto de un golpe militar, y ciertamente esto no ha sido llevado a cabo por los militares.» Nabil Fahmy, el ex embajador de EE.UU. en Egipto, argumentó en Meet the Press de NBC que los militares «expulsaron al presidente, eso es cierto, pero luego hicieron entrega inmediata del gobierno al presidente interino. Por lo tanto, el hecho de que tomaron el poder o quisieron tomar el poder es, francamente, incorrecto. » 

Algunos comentaristas incluso alaban al ejército egipcio como guardián de la estabilidad. El republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Inteligencia, dijo en CNN que el ejército es «la única fuerza estabilizadora en Egipto, que creo que puede moderar la pugna política que vemos que está sucediendo, y luego ayudar a un proceso que le permitirá participar a múltiples facciones de partidos y creencias. » 

En general, los que no quieren llamar a las acciones de los militares un golpe de Estado afirman que sus acciones expresan la voluntad popular de los egipcios. También afirman que la destitución de Morsi se legitima aún más por la promesa del ejército de «corregir» la dirección de la revolución y de celebrar elecciones, que se perfilan en la «hoja de ruta» propuesta por ellos para el 3 de julio. La hoja de ruta también tiene como objetivo la implementación de un código de ética de los medios de comunicación para garantizar la libertad de prensa, así como las medidas a tomar por el ejecutivo para garantizar la participación de los jóvenes egipcios en las instituciones del Estado. 

Aunque todo esto suena bien en los papeles, se corre el riesgo de poner demasiada confianza en la capacidad de los militares para establecer la dirección de la revolución y restaurar la democracia. 

En primer lugar, la promoción de la democracia es un proyecto que va en contra de la forma misma en que opera el ejército. Debido a su estructura es inherentemente jerárquico y autoritario, su toma de decisiones está completamente aislada de la responsabilidad democrática. Este hecho es especialmente relevante después de que el ejército disolvió unilateralmente la constitución de Egipto tras el derrocamiento de su presidente democráticamente elegido. Además, los militares reemplazaron a Morsi con Adly Mansour, el jefe de justicia de la Corte Constitucional que fue designado originalmente en el poder judicial por el dictador depuesto Hosni Mubarak. Mientras Mansour puede proporcionar una fachada presidencial, lo más probable es que simplemente ejecute las órdenes de los militares con poca discusión. 

En segundo lugar, la función principal de los militares es la de proteger la soberanía y la seguridad del país frente a las amenazas militares y por lo tanto va a ver a la oposición política como un peligro para la estabilidad del país. El reciente asesinato del ejército de 51 partidarios de Morsi que se manifestaban en contra de su expulsión, así como las órdenes de detención de más de 300 miembros de la Hermandad Musulmana, ilustra la mentalidad de tratar a los rivales políticos como a las amenazas militares. Estas acciones son una reminiscencia de 2011, cuando el ejército no demostró ningún reparo en amenazar y detener a opositores políticos. 

Esto también hace que sea poco probable que los militares permitan el libre acceso a sus rivales políticos cuando -o si- se celebran elecciones democráticas. El ejército tiene intereses políticos evidentes y no tiene problema en hacerlos públicos. Dicha institución políticamente interesada ​​es poco probable que asegure la integridad de las elecciones egipcias, y los rivales políticos lo saben. Este tipo de acontecimientos sólo radicaliza a los grupos políticos oponentes, lo que desestabilizará aún más al país en vez de ponerlo en el camino correcto. 

En tercer lugar, los militares tienen intereses políticos que no se alinean con la voluntad general del pueblo. De hecho, el ejército es un brazo del «gobierno profundo» de Egipto, un conjunto de instituciones que subyacen al régimen de 30 años de Mubarak -incluido el poder judicial y los medios de comunicación- que Morsi nunca disolvió en su totalidad. Debido a esto, los militares siempre apoyarán a aquellos simpatizantes del depuesto régimen de Mubarak, que también han sido estridentes contra Morsi. Además, el ejército tiene intereses financieros vinculados a Washington que pueden complicar sus lazos con el pueblo egipcio. Los Estados Unidos, que también fueron amables con Mubarak y escépticos de Morsi, suministraron al ejército egipcio con cerca de $ 1.5 mil millones al año. Esto no incluye el apoyo no financiero que Estados Unidos le provee, como personal, tecnología e información. 

Todo esto hace que sea muy difícil confiar en la hoja de ruta del ejército como un curso viable para la revolución egipcia. De hecho, los que aplauden la destitución de Morsi por parte de las fuerzas armadas como expresión de la voluntad general ignoran el hecho de que los militares temían que Morsi estuviera conspirando para utilizarlos para atacar al gobierno de Assad en Siria. Dentro de este contexto, la hoja de ruta en realidad sirve para encubrir los intereses de política exterior del ejército dentro de un barniz de restauración de la democracia. Aunque los militares se pintan a sí mismos como los guardianes de la estabilidad, hay un montón de razones para creer que Egipto se desestabilizará aún más bajo el control de sus fuerzas armadas.

Fuente: Foreign Policy In Focus, EE.UU