El juez Eduardo Perdichizzi, titular del Juzgado de Ejecución Nro. 1 de Mar del Plata, emitió una resolución donde insta al “urgente reacondicionamiento para garantizar las condiciones de habitabilidad” para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad ambulatoria en la Unidad Penal N°50, que forma parte del Complejo Penitenciario de Batán, en el partido bonaerense de General Puerreydón.
La medida se originó por una presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, a través del Comité contra la Tortura, con el acompañamiento de la Mesa contra la Violencia Institucional, que advirtieron la falta de habitabilidad y de atención médica en el predio.
En virtud de lo denunciado por las entidades, la resolución del juez Eduardo Perdichizzi decretó la realización de obras y readecuaciones pertinentes así como el reemplazo de colchones; en relación a la existencia de vidrios y techos rotos, la falta de gas y la falta de agua caliente.
Además, la resolución hace especial hincapié en cuestiones vinculadas al acceso al servicio público de salud puesto que en la actualidad “las mujeres carecen de atención médica, por no contar con profesionales ni recursos necesarios, situación que empeora si tenemos en cuenta que generalmente se requieren cuidados especiales ya que parte de la población se encuentra en estado de embarazo, mientras que también hay niños y niñas con sus madres, y otras detenidas que sufren enfermedades como HIV, HC, chagas, diabetes, asma e hipertensión”, detallaron.
En consecuencia, el Juez ordenó que se garantice la atención médica de las mujeres privadas de la libertad; se disponga la presencia de médicos en el predio durante las 24 horas, y a su vez requirió la construcción de un sector para urgencias teniendo en miras las dificultades existentes para el traslado de las detenidas al HIGA, entre otros puntos.
Una situación extensiva a otras unidades
Desde la Mesa contra la Violencia Institucional acompañan la presentación y advierten que las falencias señaladas, “que configuran un agravamiento en las condiciones de detención, en relación a la Unidad Penal N°50, se extienden a la totalidad Complejo Penal de Batán, agudizándose el diagnóstico de situación en la Unidad Penal N°15”.
Así se transgrede lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que señala que “las cárceles serán sanas y limpias y no para castigo de los reos” y demás Tratados Internacionales con jerarquía suprema y normas de soft law que la CSJN establece como guías hermenéuticas.
En tal sentido, la Mesa contra la Violencia Institucional “convoca a los tres poderes del Estado a delinear una urgente política pública que cumpla con los estándares internacionales a los que Argentina adhirió en pos de garantizar derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad ambulatoria”, concluyeron.
