La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley de Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. Los diputados de la UCR apoyaron en general la iniciativa y en particular hasta el artículo 105, por considerarlas importantes mejoras para los trabajadores rurales, pero rechazaron el resto de los artículos, por no estar de acuerdo con la desaparición del RENATRE propuesta en la iniciativa oficialista.

En tal sentido, el diputado Pablo Orsolini (UCR – Chaco) explicó que se trata de un proyecto muy importante tanto para los trabajadores rurales como para los empleadores en todo el país, al tiempo que remarcó su preocupación porque “este régimen de Trabajo Agrario lo veníamos discutiendo en la comisión de Legislación del Trabajo, lo venían discutiendo nuestros asesores, y habíamos arribado a un acuerdo superior al 60 %. Pero el apuro que se tuvo al mandar estos proyectos en estas sesiones especiales nos privaron de poder arribar a un buen proyecto consensuado, que es lo que estábamos buscando, que es lo que merecen los trabajadores y los empleadores”.

“Desde el Bloque de la UCR sabemos de la necesidad de regular el régimen de trabajo agrario, y sabemos que hoy nos estamos rigiendo por una ley que si bien no es de la dictadura fue modificada en esta, por lo cual debemos sancionar una nueva ley. Por eso apoyamos en general esta iniciativa y propondremos algunos cambios en particular. No vamos a acompañar el proyecto oficial a partir del artículo 106,  porque se quiere estatizar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, creado por ley 25.191, y esto suena a revanchismo, una etapa que yo creía superada”, señaló el diputado radical, quien entre 2005 y 2006 presidió el RENATRE.

Luego explicó que “el RENATRE, que se creó en 1999 y comenzó a funcionar en 2002, nació por una ausencia del Estado en la seguridad social de los trabajadores ruarles, porque en aquel momento los empleadores hacíamos los aportes a la ANSES para la seguridad social de los trabajadores, especialmente para que tuvieran un subsidio de desempleo, y estos no cobraban cuando tenían la desgracia de quedarse sin trabajo. Este ente vino entonces a subsanar un problema muy grave como el desempleo. El RENATRE es un organismo de derecho público no estatal con control del Estado, y si se ha cometido algún error en algún caso hay también una gran responsabilidad del Estado, porque los síndicos son los encargados del funcionamiento”.

“El RENATRE sirvió también para que los trabajadores se blanqueen y tuvieran la libreta del trabajador rural. En aquel momento había 250.000 trabajadores rurales, y hoy hay más de 850.000. Además, hasta hoy el RENATRE lleva pagados 210.906.859,57 pesos por subsidios de desempleos. Si no hubiere existido el registro este registro, esos 210 millones de pesos hubieran ido a cualquier otro lugar que no sabemos cuál es”, finalizó.

Posteriormente, el diputado Miguel Giubergia (UCR – Jujuy) afirmó que esta “norma viene a reconocer y dar derechos a los trabajadores rurales. Pero no es esta la forma de sancionar una ley, porque vemos que prima el apuro, donde hay que sacar las leyes a los empujones, donde hay que llevarse todo por delante a los fines de cobrar viejas deudas, porque en alguna oportunidad los trabajadores rurales salieron a acompañar a los productores en las rutas. Habíamos avanzado mucho en la Comisión de Legislación del Trabajo, y podríamos haber alcanzado una ley sin persecuciones, porque sabemos que esta ley tiene por objetivo fundamental lograr cobrar una vieja deuda a algunos dirigentes gremiales que osaron no someterse al poder”.

“Acompañamos la iniciativa en general porque vamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La UCR ratifica una vez más el estar al lado de los trabajadores rurales, que son quienes en esta Argentina vinieron siendo olvidados, y por eso era necesario sancionar esta norma, para que tengan derechos reales, claros y concretos”, señaló, para luego explicar que “en el proyecto del Poder Ejecutivo cuestionamos el concepto en las definiciones de actividad agraria, el ámbito rural y el contrato de trabajo agrario”, entre otras cosas.

También señaló que la UCR plantea, entre otras modificaciones, la necesidad de que los trabajadores de El Surco, en la Caña de Azúcar, en Tucumán, Salta; los viñateros en la provincia de San Juan y en Mendoza, tengan el derecho a acceder al beneficio jubilatorio planteado en el artículo 78, que está incluido en la media sanción que dio el Senado por unanimidad el 27 de julio de 2011 a través de un proyecto de los senadores radicales.

Luego, el diputado Ulises Forte (UCR – La Pampa) aseguró que “estamos avanzando en una ley muy importante. Lástima que después de tanto tiempo venimos que discutir una ley de los que laburan a la intemperie, de sol a sol, y nos tenemos que estar escondiendo a la noche, de madrugada, por miedo a las expresiones populares”.

“Es una ley que acompañamos en general. El radicalismo está convencido de que tenemos que avanzar en los derechos que le corresponden y también en muchos casos ir a formalizar en forma de ley en muchos beneficios que de hecho están teniendo los trabajadores rurales”, insistió.

Luego afirmó que “Hay medios que dicen que por culpa de las patronales y la burocracia los trabajadores rurales son los peores pagos. Hoy eso puede ser cierto, el empleado rural no tiene grandes salarios, pero hoy el empleado rural podría estar gozando de un 37,5 % de aumento por convenio colectivo de trabajo entre la patronal y los empleados. Lástima que el Ministerio de Trabajo no homologa más del 25 %. Entonces si el empleado rural n tiene el aumento que se merece es culpa de este Gobierno que se dice nacional y popular, no busquen en otro lado”.

“Acá se está escondiendo, con la eliminación del RENATRE, la persecución a un gremio. Hay revanchismo, hay egoísmos, hay persecuciones ideológicas. Esto es grave porque un gobierno tiene que estar para unir posiciones y no para dividir al pueblo argentino. Lo peor es que atrás de ese revanchismo, atrás de esa venganza terminan contradiciendo los mensajes de la presidenta, quien dice que no gobierna para las corporaciones, pero tiene un bloque oficialista que viene a legislar para las corporaciones”, remarcó.

“Debilitando al gremio no afectan a los pequeños y medianos productores, que pueden tener uno, dos o cinco empleados. Pero esas grandes corporaciones, muchas multinacionales, muchas amigas y subsidiadas por el Gobierno, tienen 100 o 200 empleados; y bien sabemos que una empresa que está rodeada con 2 sindicatos tiene trabajadores más fuertes y con más capacidad para defender sus derechos, pero cuando se los divide en más es más difícil para el trabajador y más fácil para el patrón. Por eso es que este bloque oficialista está legislando para las grandes corporaciones”.

Atrás de todo esto se viene a convalidar esa hermosa amistad entre la presidenta y la UIA, y por eso no pueden seguir siendo amigos de los trabadores.

Más adelante, la diputada nacional Mariana Juri (UCR-Mendoza) rescató la actividad de los trabajadores vitivinícolas de distintas provincias. “Por eso venimos a solicitar que esos miles de trabajadores sean incluidos en el régimen previsional previsto” en el proyecto enviado por el PEN al Congreso. “La verdad es que resulta de una discriminación inaceptable que algunos trabajadores rurales consigan con justicia con esta norma la jubilación anticipada, a los 57 años, con 25 años de servicio y que los trabajadores vitivinícolas que trabajan en condiciones similares no puedan hacerlo”, agregó.

Indicó que “es cierto que los trabajadores vitivinícolas, a través de los convenios colectivos de trabajo, han conseguido algunos logros que algunos peones rurales todavía no los tienen, como la limitación de la jornada laboral. Pero también es cierto que nosotros consideramos que necesitamos igualar las condiciones de todos los que trabajan en condiciones similares. Hace poco más de un año la presidenta declaraba al vino como bebida nacional y por eso resultaría todavía menos explicables que quienes hacen posible que nos enorgullezcamos todos los argentinos con el vino como bebida nacional no puedan gozar de este beneficio”.

Por su parte, el diputado Fabián Rogel (UCR-Entre Ríos) insistió en que “el Bloque de la UCR acompaña este proyecto en parte por considerarse estas mejoras importantes para los trabajadores rurales. Pero no vamos a acompañar desde lo estrictamente ideológico y desde las concepciones más puras de nuestro partido otros artículos” contemplados en la iniciativa del oficialismo.

Fundamentó ese último rechazo al señalar que “desde 1983 todos nos hemos ido sentándonos en el banquillo de los acusados, desde la política pasando por todos los sectores. Quedan algunos sectores de la vida nacional que todavía no han rendido cuentas. Uno de ellos el sistema financiero, que espero que la presidenta finalmente posibilite ese debate y el otro es el sector gremial. Nosotros no vamos a acompañar la desaparición del RENATRE no porque avalemos la conducción que ha sido denunciada y todos sabemos los buenos y malos manejos que hay en muchos gremios, sino porque en la Argentina falta el debate fundamental que es la separación que debe haber entre la representación gremial y las obras sociales”.

El diputado radical señaló que “la distribución en la Argentina de medicamentos vencidos a enfermos de SIDA y a pacientes oncológicos nos debería avergonzar e ir por un sistema único nacional de salud. Hasta tanto el Congreso Nacional con mayoría justicialista no traiga al debate la recomposición del sistema gremial con representación de las minorías y donde se separe con claridad lo que es la representación gremial del manejo de las obras sociales, no podemos acompañar la sanción y la desaparición de un sistema como en el RENATRE, más allá de las internas peronistas a las que nos tienen acostumbrados y más allá de los conflictos entre Duhalde, Venegas o los Kirchner y compañía. Hasta que el Congreso no traiga la discusión central de cuál es el modelo gremial y e ir por un seguro único de salud que distinga la representación gremial de las obras sociales no vamos a acompañar. Una cosa es la burocracia sindical que puede estar involucrado en algún delito y otra cosa son los avances que han tenidos los trabajadores más pobres del país que son los trabajadores rurales”.

Por último, el diputado Juan Casañas (UCR-Tucumán) cuestionó el proyecto del oficialismo cuando contempla que el régimen para el peón rural no sería aplicado al personal afectado en actividades industriales, de transporte o de servicio. “El 70 % de la producción agropecuaria se hace en campos arrendados o alquilados y estos se manejan con contratistas”.

“Hay contratistas de siembra, de cosecha, de pulverización, es decir  muchísima gente que son peones rurales que no van a ser beneficiados”, indicó Casañas, quien advirtió que en el proyecto “se habla de de que van a quedar excluidos personal afectado a la cosecha. En el NOA y en el NEA, donde hay cultivos intensivos, hay muchísima mano de obra que trabaja en cosecha manual y en cosecha mecánica que tampoco van a ser contenidos por este régimen de beneficio para trabajadores rurales”, dijo.

“Hubiese sido bueno el debate para mejorar esta ley”, remarcó Casañas, quien aludió a la eliminación del RENATRE contemplado en el proyecto oficialista y sostuvo que “el RENATRE desde 1991 cuando comenzó a funcionar había 15 mil trabajadores y hoy hay más de 800 mil trabajadores en una situación totalmente normalizada”.

“No voy a defender al gremio del ‘momo’ Venegas pero hay que reconocer que está haciendo bien algunas cosas. Hay que reconocer el dialogo permanente con el empresariado. Hace algún tiempo  el empresariado y el gremio acordaron aumentar el salario en un 35%, pero el gobierno no lo avaló y sólo lo hizo hasta el 25%. Me parece que somos muchos los que estamos preocupados por mejorar la situación de los trabajadores rurales y esta norma debió haber sido una política de Estado”, concluyó.