Si se recorre la calle Florida,  se percibe que el espacio en esa calle, largamente reclamada por los comerciantes, es de una amplitud como no se veía hace mucho tiempo. 

Sin embargo, la restricción a los manteros, quienes vienen manifestando para se les permita continuar con su actividad y anunciaron que mañana comenzarán una huelga de hambre, se extendió también a otros sectores que en principio estaban contemplados en las normativas vigentes y la nueva ley de ferias, aún no publicada en el Boletín Oficial. 

Con el claro propósito de dejar completamente libre la peatonal, el macrismo también corrió a los artesanos, cuya actividad no encuadraría en la “ilegalidad” y además no supone una competencia “desleal” para ningún negocio establecido. 

Tampoco se ven en esa calle a los vendedores de a pie, aquellos que ofrecen desde lamparitas para lectura como el juguete “tomate loco”. 

También  los músicos y bailarines, amparados por el artículo 83 del Código Contravencional (aún con la modificación de la ley 4122) fueron expulsados, o están en camino de serlo.

“A los grupos les dicen que se tienen que ir, cuando son varios se plantan, pero los amenazan con sacarles los instrumentos, o dicen que los generadores que usan son peligrosos, se agarran de esas cosas”, contó Michel Ríos, quien tocó durante ocho años en la calle Florida con instrumentos de viento autóctonos.

A Ríos, como a los demás, los inspectores les advierten que las nuevas disposiciones les exigen abandonar Florida. “Van en grupo y te dicen que hay una orden, que no quieren a nadie. Esto fue de la noche a la mañana, que se ha puesto dura la mano. El otro día que me dijeron que tenía una hora para tocar y después me tenía que ir”, contó el músico, que gracias a propinas y a la venta de un disco independiente consigue llevar sustento para él, su esposa y su hijo de nueve años.

“Me dijeron que si no me iba me iban a secuestrar mis instrumentos y equipos, imaginate, mis herramientas de trabajo”, dijo el músico Ríos.

A raíz de este impedimento, los artistas de la calle Florida intentarán aunar criterios para realizar un reclamo conjunto, que les permita continuar con su fuente de ingresos, según contaron otros artistas que prefirieron mantener la reserva.

Para fundamentar el operativo despeje, el macrismo desempolvó una vieja ordenanza municipal, la 25.764 de 1971, momentos en que se lanzaba el paseo comercial en forma de peatonal. En esos tiempos era intendente de la Ciudad Saturnino Montero Ruiz, y el país era gobernado de facto por Alejandro Lanusse. 

La norma fue mencionada por el subsecretario de Espacio Público porteño, Patricio Di Stéfano, porque en su artículo 36 prohíbe expresamente la venta “ambulante de cualquier tipo de mercaderías”. 

La vieja ordenanza también prohíbe “toda clase de locales destinados a venta al paso de bebidas, grill, comestibles, kioscos de cigarrillos, golosinas” (art. 3) y a su vez, fija como “obligatorios” (art. 8) distintos colores de los toldos para los tramos de la arteria, disposiciones que sin duda quedaron fuera de registro con lo que sucede en la actualidad, porque de hecho no se cumplen.

El Código Contravencional, Ley 1472 sancionada en 2004, eximió de falta a la venta ambulante y  la actividad musical callejera no es una contravención

La Ley 4122 sancionada en diciembre y hasta el viernes no publicada, por lo tanto no vigente, regula la disposición de las ferias artesanales en la Ciudad. 

Modifica el artículo 83 del Código Contravencional, eliminando la cláusula de “mera subsistencia” como atenuante del ejercicio de venta callejera. Aun así, el párrafo destinado a esta actividad, aclara que “no constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido” y finaliza: “Ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria.” 

El objetivo del macrismo era eliminar por completo ese párrafo, pero no lo pudo imponer en la cámara. El proyecto pertenecía a Patricio Di Stéfano, actual subsecretario de Espacio Público.