La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, cuya misión es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos tutelados en la Constitución Nacional, de la Ciudad y las leyes frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.

El defensor o defensora del Pueblo y sus adjuntos son designados por resolución de la Legislatura de la Ciudad por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública. 

Para esta designación  se deberá confeccionar un registro para postulantes y una audiencia pública para considerar la “idoneidad o impugnaciones” de los candidatos.  

El inicio del proceso se dio con la presentación por parte de la Junta de Etica de la Legislatura, que preside el diputado Jorge Garayalde, de un proyecto que contempla los pasos formales requeridos para nombrar nuevo defensor, cuyo mandato dura cinco años, según lo dispuesto en la ley398, que dio origen a este organismo porteño.

En ese marco, la Junta propuso abrir un Registro de Postulantes el 9 de octubre y por diez días para que “los ciudadanos por sí o a través de organizaciones no gubernamentales hagan sus propuestas respecto de candidatos a cubrir el cargo de defensor adjunto” y llamó a una audiencia pública para el 29 de noviembre para debatir las postulaciones.