Desde diversos ámbitos calificaron la medida como «oportunista» y «electoralista» y pidieron abordar el tema de manera integral. La medida afecta a un universo de 23.686 niños y niñas.

Los gremios se movilizaron desde el Hospital Braulio Moyano hasta la intersección de las calles Caseros y Entre Ríos para exigir un «presupuesto acorde a la atención integral en salud mental».

«La situación de las personas adultas mayores que perciben el haber mínimo empeora cada mes: sólo en lo que va del año perdieron más de 7 puntos contra la inflación» señala Armando Arboleda desde las páginas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en ésta nota que describe el padecer de quienes ganan la jubilación mínima.

Con el nombre «La destrucción no para», la ONG Basta de Demoler subió a la web un plano donde están identificados los inmuebles demolidos en los últimos 15 años; los que están en peligro de serlo; los que fueron rescatados y las pérdidas «históricas» anteriores a 2007. Cómo se decide qué se protege, un procedimiento «opaco».

Los datos se desprenden de un informe publicado por la legisladora porteña del Frente de Todos Maru Bielli, que actualizó una investigación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2012.

Estará vigente en un área que se extiende por los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera, donde se podrá pagar el estacionamiento con una una modalidad virtual.

Nucleados en la FAM, recordaron que la ciudad de Buenos Aires «no es una provincia», por lo que la medida cautelar que el gobierno porteño planteó ante la Corte «es un avasallamiento» a la asignación de recursos que debe realizar el Poder Ejecutivo a las provincias.

Reclamaron al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, una «urgente mesa de diálogo» para buscar una solución al conflicto. «Fueron todos compañeros y compañeras imprescindibles frente a la pandemia y Larreta les paga con esta moneda», denunciaron.

Instituciones de la sociedad civil presentaron una carta abierta en la que sostuvieron que «el lenguaje inclusivo busca romper con la norma cishetero de la academia española, que no reconoce pronombres no binarios, negando la existencia de identidades históricamente invisibilizadas».

Según el informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el presupuesto para 2020 descendió por debajo del sancionado para 2017, pasando de $8.059.608.883 a $7.318.766.462”.