Con un duro mensaje a los policías sublevados, y una serie de anuncios respecto de la operatividad de la fuerza, el gobernador José Manuel De la Sota abrió hoy el 136º período ordinario de las sesiones en la Legislatura de Córdoba.
Frente a una clara mayoría de legisladores alineados, y con protestas de ambientalistas en inmediaciones a la Unicameral, el gobernador brindó un discurso de más de una hora.
Sobre la crisis institucional derivada del acuartelamiento policial del pasado 3 y 4 de diciembre, y lejos de una autocrítica en cuento a la tardía respuesta oficial, De la Sota cargó duro contra los oficiales, rayando las amenazas: “Cambien de actitud, arrepiéntanse, respeten a sus jefes y sepan que nunca más podrán repetir lo que han hecho. Si no lo entienden, vayan buscándose otro trabajo porque serán echados de la policía ante el mínimo intento de repetir las actitudes de diciembre pasado, que tanto daño causaron a la gente y a nuestra institución policial”.
En este marco, anunció una serie de proyectos que enviará a la Legislatura.
“Para mejorar la comunicación entre los superiores y la tropa, hemos decidido crear el Consejo de Bienestar Policial dependiente del Jefe de Policía, que junto con toda la plana mayor, sigue trabajando para recuperar la confianza social”.
En un claro intento de desalentar la sindicalización de la fuerza, De la Sota aseguró que a través de este nuevo Consejo “se atenderán y analizarán las distintas iniciativas sobre las condiciones de trabajo y remuneración sobre los agentes policiales, sin que esto se confunda con la inviable sindicalización de la fuerza policial”.
Control policial ciudadano
De la Sota continuó con los anuncios de cambios en la operatividad policial y, además del Consejo de Bienestar, aseguró que enviará a la Legislatura un proyecto para crear un “Mecanismo de Control Ciudadano”.
Se trataría de un sistema de audiencias públicas con instituciones sociales, civiles y religiosas. “Mediante la audiencia, podrán expresar su opinión sobre el comportamiento profesional y privado de todos los efectivos que sean propuestos para ascensos. Durante el proceso de promoción de agentes, se deberá convocar a audiencia pública para analizar las condiciones morales y profesionales del candidato en ascenso. Con sistema de control ciudadano de la policía, queremos reafirmar el criterio de que la seguridad es un bien público”, afirmó el gobernador.
En tanto, agregó: “También presentaremos hoy un proyecto de refinanciamiento del ministerio publico para mejorar la investigación, persecución y represión de los delitos en general y en especial de narcotráfico”. El anuncio prevé la inauguración de nuevas oficinas en Villa María, Río Cuarto y Cosquín, “ciudades donde se registran mayor presencia del narcotráfico”.
En este marco, se creará la Policía Antinarcotráfico “como un cuerpo armado que tendrá una dependencia funcional directa del Fiscal Federal, ejerciendo las funciones de auxiliar en el fuero de Lucha contra el Narcotráfico”. La fuerza funcionará como la Policía Judicial, pero por ser una fuerza armada, integrará el sistema provincial armado dependiente del Ejecutivo.
Código de Faltas
El gobernador aseguró que enviará un proyecto de modificación de la Ley 8.431 para la modificación del Código de Faltas, con cambios en la figura del “merodeo” y transferencia de competencias de juzgamiento, ambas características cuestionada duramente por asociaciones civiles, de derechos humanos y agrupaciones juveniles.
“El eje central del proyecto de ley en la primera parte, prevé la anulación de las facultades de juzgamiento que tienen actualmente los comisarios y subcomisarios, transfiriendo dicho poder a las autoridades del Poder Judicial”.
Y siguió: “Así, la competencia para aplicar las penas previstas en la Ley, queda reservada exclusivamente a los Fiscales de Instrucción y a los Jueces de Falta”.
Ambientalistas
Es en el marco del discurso de De la Sota, Ambientalistas y vecinos de Malvinas Argentinas contra Monsanto pedían al gobernador «que intervenga por la consulta popular y se resuelva el conflicto de una manera democrática y no vía la represión como intentaron resolverlo muchas veces».
Los manifestantes debieron apostarse en la Plazoleta del Fundador, frente al bar «El Ruedo» debido a la fuerte presencia policial y vallado frente a la Unicameral.
