El Instituto, por su parte, dice que ya contestó a ese informe que es del 2008, y explicó los puntos que se le objetan.Según la Auditoria porteña, durante el período 2008 el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tenía una cartera morosa de $ 80.382.134 por créditos otorgados para la compra de inmuebles. El 92% de ese monto, unos 73.951.563, entraba ya en la categoría de «incobrables». Además, señaló que el ente tenía un “importante grado de morosidad”, y que “no instrumentó un plan de cobro de cuotas que resultara operativo”. Sin embargo, el contador del instituto, Gustavo Gillo, precisó que dentro de ese monto «se incluyen las entregas de vivienda social y los créditos que sufrieron variaciones cambiarias». «El mes pasado tuvimos recaudación record, 3 millones cuando el promedio era de uno», detalló y agregó que ya se implementó un sistema de créditos, una campaña de mora y además un sistema para deducir montos de los haberes de aquellos empleados que accedieron una vivienda y trabajan en el organismo.El informe, aprobado este año sobre datos de 2008, asegura que el Instituto “no tiene un registro que identifique a los empleados del Gobierno de la Ciudad” que hayan accedido a planes de vivienda por medio del organismo. Sólo a partir del 2009, y a través de una inscripción “voluntaria”, el IVC generó un registro de estos casos. «Realizamos una gran depuración de la base de datos y trabajamos en ese sentido y en todos los casos, trabajamos con información nacional con base en la AFIP», describió por su parte Gillo.En una ciudad donde la crisis habitacional se evidencia en tomas, desalojos y el avance de los asentamientos irregulares, según la AGCBA, “el instituto no puede priorizar objetivamente el grado de emergencia del postulante y  señala que existe la posibilidad de que el Instituto “otorgue préstamos de forma discrecional, ya que no cuenta con un procedimiento que determine de forma objetiva el grado de necesidad del grupo familia a beneficiar”.“Todos los créditos tienen certificado de dominio porque sino el área jurídica no saca el dictamen, lógicamente, solamente se le pide  a los que habían calificado por el Banco Ciudad; el único requisito es no estar inhibido y no tener otra propiedad», subrayó Gillo quien remarcó que el IVC se encarga de las tareas de urbanizaciones en villas y además, de familias en situación de desalojo inminente, con discapacitados en su grupo familiar, familia monoparental o matrimonios jóvenes. «El resto de los casos se derivan a Desarrollo Social».»El 100 % de los créditos aprobados que fueron examinados por el organismo de control, no contaba con la constancia de que el beneficiario realmente no sea propietario de algún inmueble ni que acredite la situación de necesidad, emergencia habitacional o de ingresos”, puntualiza Grillo «Invito a quienes quieran acceder a la documentación que usamos para responder a que se lleguen al IVC», quien dejó en claro que «se avanzó mucho desde que comenzó esta nueva gestión».