El municipio de Rosario dio a conocer un descenso del 50 por ciento en la cantidad de heridos de bala, de 4,9 a 2,1 por día, elaborado en base a los registros de hospitales públicos locales de los últimos dos meses.

La estadística es uno de los primeros logros de las políticas de seguridad que se implantaron en la ciudad tras el desembarco de los uniformados conducidos por el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, para paliar el arduo clima de violencia instalado por bandas delictivas relacionados con el narcotráfico.

Así lo consideró el secretario de Gobierno de Rosario, Fernando Asegurado, quien resaltó que esta situación tiene relación directa “al trabajo coordinado” entre fuerzas de Seguridad federales, provinciales y municipales “que a partir de los primeros días de abril tiene un volumen y una presencia en nuestra ciudad muy importante”.

En diálogo con Radio Nacional, manifestó además que “estas ocho semanas han sido realmente fundamentales” y añadió que no sólo hay que destacar “la baja muy importante en el número de heridos, sino también en la profundidad de lo que eran esas heridas”.

“Hubo días en los cuales en el sistema de terapia intensiva no hubo ningún ingreso y esos son datos alentadores sin ningún lugar a dudas”, finalizó.

Tranquilidad versus “abusos por portación de cara”

Las estadísticas antes mencionadas, junto con las decenas de operativos exitosos llevados a cabo en los últimos días y la masiva presencia de federales en las calles y los barrios “peligrosos”, han permitido recuperar la tranquilidad en la vida rosarina

Así lo escribió el semanario local, El Eslabón, el cual sin embargo contrastó estos logros con los señalamientos que comienzan a hacerse cada vez más visibles desde las organizaciones de derechos humanos y sociales, que difundieron la multiplicidad de hechos que calificaron como “abusos de autoridad y apremios”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Rosario (APDH Rosario) denunció “la realización de procedimientos discriminatorios, de control social consistente en la detención, cacheo, secuestro de pertenencias y acciones vejatorias que se producen en forma selectiva y arbitraria a un sector de la población, por parte de las fuerzas de seguridad que operan en las afueras de la ciudad de Rosario y poblaciones aledañas, especialmente Gendarmería”.

De acuerdo a la APDH, las principales razones de “los abusos” son el “uso de gorra”, “piercing”, “ir dos personas en moto” o “estar en las esquinas pasando un rato”.

Según ese organismo, se registraron “un sinnúmero de casos de apremios” cometidos en Rosario, gran Rosario y localidades vecinas como Villa Gobernador Gálvez, que fueron denunciados en su oficina por curas barriales, organizaciones sociales y ante la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal local, la radical María Eugenia Schmuck.

De la misma forma se manifestó la Juventud Peronista Evita a través de un comunicado titulado “Ningún pibe nace chorro, ningún cobani nace ortiba”. Si bien los jóvenes militantes kirchneristas destacaron “la voluntad política” del gobierno nacional de “asumir la responsabilidad de la seguridad pública”, que “es propia e indelegable del gobierno provincial”, advirtieron sobre “apremios” de la gendarmería.

La JP Evita subrayó que la llegada de las fuerzas nacionales a los barrios de la ciudad “fue aliviante para quienes tratamos de vivir como cualquier compatriota”, aunque aclaró que “han protagonizado casos de apremios u hostigamientos cotidianos a los pibes de los barrios”.

“En la mayoría de los bunkers que se derribaron se encontraron a jóvenes menores de edad atendiendo: ¿Alguien sabe que están haciendo ahora esos pibes?, ¿alguien se ocupó de los demás pibes del barrio para que no terminen en la misma?”, se preguntan por último.