La iniciativa fue presentada este lunes en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y el diputado nacional Héctor Recalde.

Julian Domínguez abrió la exposición, subrayando que “Muchas veces hemos hablado del tema, pero faltaba este paso, todavía cuesta entender cómo los cómplices se manejan con una impunidad que sorprende”. El titular de Diputados advirtió que “los grupos no están desarmados” y que “operan con amenazas de todo tipo, aún después de 30 años de democracia”. Además, precisó que en la última dictadura fueron apropiadas ilegítimamente “604 empresas” y remarcó que este tema “no forma parte de la agenda de los intereses corporativos”. 

Verbitsky hizo un repaso histórico y recordó que el juicio a las Juntas Militares, en 1985, sirvió para “impedir que las Fuerzas Armadas volvieran a concluir un período democrático con un nuevo golpe de Estado”, pero indicó que eso “no alcanzó para avanzar sobre el resto de las responsabilidades”, aunque aclaró que ya la CONADEP había “pasado revista a las complicidades económicas”. Y agregó que “el año 2003 fue un punto de inflexión en la política de derechos humanos de nuestro país, el gobierno de Néstor Kirchner permitió un gran avance en esta materia. A partir de allí fue posible el enjuiciamiento a los responsables”. En tanto, Vanoli destacó que la propuesta de Recalde es “un aporte esencial para la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia”, y consideró que “están maduras las circunstancias para poder avanzar con ese proyecto”. El presidente de la CNV puso como ejemplo la apropiación de Papel Prensa y recordó que su entidad fue una de las que contribuyó al famoso informe que luego derivó en una denuncia penal. Remarcó que “siempre va a haber resistencia y oposición de los grupos económicos a la profundización de las políticas de derechos humanos de este gobierno”.  “Hay una creciente conciencia de que las responsabilidades civiles y los delitos económicos están claramente vinculados con los delitos de lesa humanidad”, dijo. Mientras que Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria y autor del proyecto, además de ser el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo,  señaló que “el objetivo es que la sociedad argentina pueda  conocer la verdad, para investigar a los cómplices económicos de la dictadura. Se ha avanzado mucho con los derechos de la vida, la libertad, y no con el aspecto económico, don de la punta del iceberg es Martínez de Hoz, pero no es el único: baja muchísimo, y esas son las identificaciones que tiene que hacer esta Comisión Bicameral. Para saber quiénes son los representantes de esas empresas que querían sacarse de encima las comisiones internas de trabajadores a cambio de un rédito económico , que expliquen lo que pasó, que se puedan  defender, que los podamos conocer. Nosotros somos profundamente republicanos, ellos gozan de la presunción de inocencia  que no gozaron sus víctimas. Gozan de su debido proceso legal. Hay muchas empresas que se enriquecieron en gran cantidad durante la etapa del proceso. La Comisión no va a juzgar a nadie, va a buscar información. Quiero homenajear a los abogados laboralistas que defendían trabajadores y, durante la Noche de las Corbatas, fueron asesinados en julio de 1977”.

El Mensajero Diario dialogó con Hernán Letcher, Concejal en el Municipio de San Martín por el Frente para la Victoria, quien  subrayó lo siguiente: “la verdad que estoy totalmente de acuerdo con este proyecto, con toda la energía puesta en que esto  camine de la mejor forma posible. Hace rato que venimos  acompañando todo lo referido a la instalación civil de la dictadura. Es más, creemos que ha sido una dictadura civil y  militar, casi en ese orden.  Sin el acompañamiento civil, es imposible que se pudiera haber llevado  a cabo ese proceso tan sangriento como el que vivió nuestro país. Esta conformación de la Comisión nos llena de expectativas porque nos parece que se puede consolidar y socializar un montón de información que de otra forma no tendríamos acceso. Evidentemente esto que estamos presenciando acá no saldrán las tapas de los diarios Clarín y La Nación, porque no quieren perder sus privilegios ni sus intereses”. Por último, Gastón Harispe –diputado nacional por el Frente Para la Victoria- le dijo a El Mensajero Diario que “se debe constituir más institucionalidad para hacer el seguimiento de la complicidad civil, que en realidad es un concepto complejo, ya que nosotros sostenemos que la dictadura fue un proceso oligárquico –militar, en el sentido de que hubo un interés del imperialismo norteamericano, de la oligarquía argentina para apropiarse del aparato productivo nacional. Es en ese marco que hubo apropiación de bienes. Los militares fueron parte de un plan orquestado por los grupos concentrados”.