La intervención a la Unidad de Investigación financiera( UIF) y los pedidos de extradición en España podrían aportar más precisiones sobre la causa por el hallazgo fortuito de 115 kilos de cocaína, entramada entre un cargamento de langostinos, alojados en la empresa Poseidón de Puerto Madryn. 

Se trata de un caso que llegó a los medios nacionales donde se secuestraron 96 paquetes con cocaína con pureza del 88 por ciento, repartido en 366 cajas que salieron de Mar del Plata el 13 de mayo, y fueron alojadas y disimuladas con reempaquetamientos en la cámara Nº 5 de Poseidón el 15 de mayo.

De acuerdo a los lineamientos judiciales a los que se ha llegado tras meses de investigación, el esquema delictivo incluye a los españoles Salvador Parra Gómez y Alfredo Aranda Barberá, junto con el taxista Juan Eduardo Burgos, quienes crearon en Mar del Plata la empresa “Mar Pesca Azul Argentina”. 

Según informaron fuentes judiciales a El Diario de Madryn, éstos compraron cocaína para el mercado europeo que presuntamente proviene de Colombia y es distribuida por mexicanos. 

Usaron esa firma para disimular la droga en un cargamento de langostino que enviaron a Puerto Madryn mediante el supuesto “broquer” Nicolás Seoane y el aval de Omar “Cura” Segundo y Alejandro Pennisi, la ex cúpula de la pesquera Poseidón.

La cocaína debía salir de Puerto Madryn y desembarcar en la firma “Royal Peche SL”, de España, una empresa armadas para este tipo de operatorias ilícitas, que compromete al español Salvador Parra Gómez, a quien niegan extradición por tener otra causa por narcotráfico en los tribunales ibéricos.

El Fiscal Fernando Gélvez insiste en que el juez Hugo Sastre reclame por la extradición de Salvador Parra Gómez, quien frente a los tratados internacionales debería responder ante la Justicia Argentina por dos de las puntas del narco circuito que involucró a Chubut, el origen y el destino del cargamento de 115 kilos de cocaína por el cual no hay aún nadie preso.

Pero además Royal Peche SL tiene vínculos oficiales solo con cinco presuntos proveedores de alimentos, con la particularidad de que cada una de ellas tiene exactamente los mismos contactos comerciales y se vinculan entre sí, por lo que “el operativo langostino” descubierto en Madryn podría ser solo la punta de un gran negocio de trafico de drogas.

Cuestionamientos al juez

En tanto, el proceso judicial aparece plagado de sospechosas omisiones. El juez Hugo Sastre no sólo no embargó a los procesados, sino que además se sabría a partir de un dato clave, que los en su momento detenidos, tampoco habrían pagado la fianza que se dijo, según confirmaron a la prensa de Madryn. 

No solo eso, sino que se dio participación a la UIF casi nueve meses después del descubrimiento de la droga, con lo que nadie duda que en esos meses pasó de todo en las narices de la justicia.

En este marco, es el Fiscal Fernando Gelvez quien ha realizado diversas gestiones, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad.

Recientemente, apeló el rechazo del juez a efectivizar los embargos a los cuatro procesados en la causa por el hallazgo de droga en Poseidón: Segundo, Seoane, Burgos y Pennisi.

Así, cuestionó la decisión del juez Sastre de no concretar los embargos de 1,7 millones de pesos a los cuatro procesados por comercio o almacenamiento de cocaína en una carga de langostinos, tal como sostiene la Procuración General de la Nación.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá ahora revisar la decisión judicial que no hizo lugar al pedido que habían formulado Gelvez y el titular de la Procunar, Félix Crous. La medida había sido dispuesta por el mismo Sastre en el auto de procesamiento, pero el propio juez la dejó en suspenso por la apelación de los acusados.

El objetivo es el recupero de activos destinados a empresas criminales, con el objeto de resentir económicamente esas estructuras ilegales y de reutilizarlos en su persecución.

¿Qué investiga la UIF?

A partir de su intervención, este organismo investiga patrimonialmente a todos los imputados en causas graves vinculadas al narcotráfico o lavado de dinero. 

Según Gelvez, la oficina de Unidad de Investigaciones Fiscales lo que hace es investigar patrimonialmente cuando hay un hecho delictual en curso y lo que trata de ver cuáles son los movimientos económicos de los imputados, “porque hay otros delitos en el Código Penal como el lavado de dinero que ha sido regulado no hace mucho tiempo por el mismo Código que ante una situación de estas características tenemos instrucción de la Procuración de la Nación de darle urgentemente intervención a la Unidad de Investigaciones Fiscales o pedirlo en los juzgados”.

De hecho, la UIF anunció su intervención en el caso de Chubut hace escasamente un mes, casi nueves meses después del descubrimiento del cargamento de droga en Puerto Madryn.