Con un acto masivo en la explanada del Poder Judicial comenzó una nueva instancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Participaron funcionarios de Gobierno, representantes de movimientos de DDHH y familiares de desaparecidos.

Luego del acto, comenzó en el Salón de Actos del Poder Judicial, el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal federal Nº 1, integrado por Juan Antonio González Macías, Alejandro Waldo Piña y Raul Fourcade.

Se trata de un Megajuicio, ya que será acusado al mismo tiempo un bloque integrado por militares, policías, penitenciarios y ex magistrados (jueces, fiscales, defensores) de la Justicia Federal. Éstos últimos como partícipes civiles de la represión ilegal aplicada en el plan sistemático de exterminio operado en nuestro país entre 1976 y 1983. Muchas de las causas que llegan a juicio se originaron en investigaciones de los organismos de derechos humanos, quienes trabajaron por décadas y sin resignarse a la impunidad.

Juan Manuel González, subsecretario de DDHH, indicó: “Por primera vez en la historia se juzgará a las fuerzas de seguridad tanto como penitenciarios y policías y a miembros de la justicia, que tuvieron algún tipo de participación en lo que fue el aparato represivo de Estado a partir de 1976”.

“La Subsecretaría de Derechos Humanos se ha constituido como querellante en alguna de las causas,  a fin de aportar mayor valor probatorio y así poder llegar a una sentencia justa que es lo que se busca hace más de 30 años. Esto será un proceso largo ya que son 41 los imputados y hay unas 200 víctimas, por ello hay que acompañar a las víctimas y testigos que sufrieron tantas vejaciones y de derecho”, señaló González.

Por otra parte, Horacio Pietragalla, diputado nacional y nieto recuperado, sostuvo: “Hoy podemos juzgar a jueces que hasta hace poco estaban en la función judicial. Creemos que no fue una dictadura militar sino que hubo responsabilidades cívicas y eclesiásticas y de la justicia. Esto que ocurre aquí, nos demuestra que no fueron cinco militares que se levantaron sino que hubo corporaciones y grupos económicos que se favorecieron y necesitaron de una complicidad judicial”.

“Es un paso importantísimo para la democracia, abrimos una grieta en esta corporación y creo que demostramos que la justicia no tiene coronita y si tienen que rendir cuentas, es necesario que lo hagan”.

El Gobierno de Mendoza, que es también querellante a través de las subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos, convoca en conjunto con los organismos de derechos humanos, la Municipalidad de Capital, la UNCuyo y la Dirección de DDHH y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza a dos actividades previas al inicio de este megajuicio, ambas bajo el nombre: 4to Juicio por delitos de lesa humanidad.

Los Juicios por delitos de lesa humanidad son posibles tras la nulidad de las leyes de impunidad en 2003. Con estos procesos se reafirma el compromiso con los derechos humanos por parte de un Estado que en los últimos diez años de democracia ha reconocido situaciones de vulneración de derechos.