Rapaport fue director general adjunto del Gobierno de Aníbal Ibarra (en el primer mandato), director general de Turismo (en el segundo mandato) y jefe de Gabinete en Subsecretaria de Deportes con la gestión de  Jorge Telerman.El ex funcionario relató a los legisladores lo que ya declaró en el juzgado de Norberto Oyarbide, que” fue en una conversación con Roxana Barroso que se enteró que Ciro James trabajaba en el Ministerio”, algo que ella en el careo que tuvieron, negó. Rapaport reconoció que fue él quien le dio esta información a Aníbal Ibarra, quien un día después denunció esta información junto a Eduardo Epszteyn en la justicia. Según el asesor ibarrista, Barroso le confirmó que “Ciro James estaba contento por los pasillos porque le habían confirmado una dirección general en la Policía Metropolitana”.“Yo vi la renuncia firmada por Ciro James en Educación y eso surgía de la incompatibilidad del nuevo cargo que iba a tener. A mi se me transmitió que desde el inicio de la gestión del Ministro, Ciro James, estaba allí”, resaltó también.El testimonio de Genovesi fue pedido por el bloque PRO para seguir reforzando la línea que vincula al gobierno de Aníbal Ibarra con Ciro James, a través de aquel contrato en el que se le dio permiso a una sociedad de la que formaba parte el “espía” para instalar un locutorio en el Parque de la Ciudad. Al respecto, Genovesi negó haber firmado el contrato expuesto por los miembros del bloque PRO (aunque él estaba en esa época), que también lleva la firma de los ex funcionarios Santiago Eidis y Jorge Enrique Giberti. “No hubiera sido muy rentable instalar un locutorio en el Parque de la Ciudad, por lo menos no por la concurrencia…”, reconoció Genovesi. “Cuando me fui del Parque de la Ciudad me llevé todo lo que había firmado, no tengo nada firmado después del 4 de julio de 2002. Yo trabajaba desde el año 2000 en el Parque de la Ciudad, cuando dependía de Promoción Social, en ese momento a cargo Lidia Satragno; cuando presenté la renuncia en abril de 2002 pasó a depender de Espacio Público y Medio Ambiente”, explicó.Luego fue el turno de Greco y Cenzón, ante la Comisión InvestigadoraEl subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana y el ex director de Compras de la Ciudad volvieron a la Legislatura para profundizar las explicaciones solicitadas por los legisladores. Ninguno aportó mayor información que en la ocasión precedente, aunque lo legisladores lograron extraer mayor cantidad de conclusiones. El regreso del subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Ignacio Greco, y el ex director de Compras de la Ciudad, Edgardo Cenzón, no produjo avances significativos con relación a lo que se había logrado en su anterior visita.Greco fue quien se llevó la mayor parte de las preguntas.El diputado Fabio Basteiro (Proyecto Sur), manifestó que la nueva citación había sido considerada necesaria tras la lectura de la versión taquigráfica de la anterior, plagada de “no los sé” y “desconozco”. La frase favorita de Greco para esta ocasión fue, en cambio, “está en el decreto”, principalmente ante las preguntas del legislador Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) acerca de los criterios para entrega de remuneraciones.Epszteyn aseguró que, según las cuentas de la policía, el 92,7 por ciento de los policías recibe remuneraciones por riesgo personal, incluidos oficiales de nivel jerárquico y el mismo jefe de la PM, Eugenio Burzaco. Y agregó ante las preguntas de los legisladores que “la información sobre a qué agentes corresponde el pago de riesgo profesional deriva de informes enviados por la jefatura de la Metropolitana”.El peronista Diego Kravetz resaltó que si el testigo no era capaz de dar explicaciones sin remitir a los diputados a un expediente “no nos sirve para nada”. “Explíquenos qué es lo que dice el decreto”, le reclamó.Llegado el turno de las preguntas de Raúl Fernández (Encuentro Progresista), las  mismas se direccionaron al tema de la caja especial dispuesta por un decreto en el que, según argumentó el legislador, se designa a las autoridades de la Metropolitana como  administradoras de esos fondos. “Lo que los funcionarios a cargo de la administración y rendición de la PM les corresponde es la determinación de en qué casos es conveniente la utilización de esa caja especial. De la misma forma que el presupuesto general, la gestión administrativa de la utilización de fondos de caja especial sigue siendo competencia de la Subsecretaría”, argumentó Greco, aunque luego reconocía que si así lo disponía el decreto, la rendición de cuentas por ese fondo correspondería a Burzaco y demás autoridades de la policía. Basteiro, logró que el funcionario admitiera que el contrato por los chalecos está en evaluación y aún no rescindido. Algo similar argumentó con respecto al blindaje, donde un informe de integrantes de la fuerza detallaba los problemas ocasionados por el uso del tipo RB3, demasiado pesado para los vehículos.El subsecretario había remitido a la procuración un informe en el que indagaba sobre la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa que había provisto el blindaje en base a que resultaba “inoperante y antieconómico”. También dijo que esa posición se revisó después de que se recomendara revisar si el mismo contrato podría readecuarse a la necesidad de un nuevo blindaje. “El mejorar la situación vigente no surge ni de su nota ni de la de la policía”, señaló Fernández.Con respecto a la revisión posterior, Kravetz cuestionó el que se hubiera realizado una costosa verificación general después de que se conocieran los problemas de blindaje cuando los vehículos ya cuentan con un sistema de control permanente. “Por las condiciones de ese momento consideramos más conveniente hacer una revisión rápida integral de todos los patrulleros.”, dijo Greco, y alegó desconocer las razones de dicha revisión.La exposición del ex director de compras contó con respuestas más directas, aunque varias de las respuestas prometió contestarlas por escrito mediante información más detallada. Las promesas fueron más que nada para el diputado Kravetz, quien inquirió sobre todo tipo de elementos adquiridos: desde motos hasta cuchillos y armas. Las pistolas merecieron un capítulo aparte, por el interés que suscitó la confirmación de que se compraron armas de un calibre diferente a los 9 mm, aunque Cenzón dijo que no recordaba ni el calibre ni el propósito de las otras armas.Lo más relevante de la declaración de Cenzón, fue el reconocimiento de que la Ciudad había solicitado la adquisición de cuatro cámaras ocultas en septiembre de 2009, fecha que se superpone a la compra de otros aparatos de inteligencia. Aunque la compra de cámaras no se concretó – Ver nota del 13/11/2010 – , Fernández lo consideró una prueba de las intenciones de realizar tareas de espionaje.