Una resolución del Consejo de la Magistratura de la Ciudad que solicita a los jueces porteños que tomen una serie de recaudos cuando dicten una sentencia de desalojo generó la dura reacción del fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, que pidió su anulación. 

El documento, firmado por el presidente del Consejo, Juan Manuel Olmos, “invita” a los magistrados que intervengan en causas en las que se deba restituir un inmueble ocupado a sus propietarios a que “extremen los recaudos tendientes a propiciar la desocupación voluntaria” y den “intervención, al momento del lanzamiento, a la totalidad de los organismos competentes a fin de morigerar la situación social producida, particularmente cuando se encuentren involucrados niñas, niños, personas con capacidades especiales y/o toda otra población en situación de riesgo”. 

Garavano rechazó la resolución argumentando que el Consejo de la Magistratura se había excedido en sus facultades, intentando “influir” en las decisiones de los magistrados. Y así se lo hizo saber por nota a Olmos. 

Detrás de esta pelea puntual existe  una discusión de fondo entre dos modelos de Justicia: uno que busca evitar el daño colateral que pueda acarrear una determinada sentencia judicial y preservar, además, el derecho a la vivienda, y otro que pretende garantizar el derecho a la propiedad y el cumplimiento estricto de la ley sin importar las consecuencias sociales. 

El último 7 de mayo, 33 familias que habitaban el hotel Sur, ubicado en Brasil al 1800, en el barrio de Constitución, fueron arrojadas a la calle por orden de la titular del Juzgado Nº 5 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, María Fernanda Botana. 

La medida se tomó sin que los damnificados tuvieran siquiera derecho a la defensa. Y lo que es más cuestionable: la fiscalía había pedido desalojar una sola habitación del inmueble y no todo el hotel, aunque Botana decidió ir por más a pedido de la parte demandante.

Por otra parte,  el violento accionar de la Policía Metropolitana impidió a las familias echadas recoger sus pertenencias. Así, hombres, mujeres y niños quedaron a la intemperie solo con lo que llevaban puesto encima.

La dureza con la que se actuó,  motivó que el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, presentara ante el Consejo de la Magistratura porteño un pedido de juicio político contra la magistrada. Al hacerlo, relató que Botana había ordenado el desalojo “de todo el inmueble” y que la parte denunciante debía ser la que señalara al personal policial “quiénes fueron las personas que la despojaron de su propiedad”. 

Kestelboim hizo hincapié en dos cosas al hacer su denuncia: la diferencia entre lo solicitado por la fiscalía y lo ordenado finalmente por la jueza, y la falta de respeto al derecho de defensa de las personas desalojadas, a quienes describió no como usurpadores sino como “inquilinos”, ya que, afirmó, pagaban montos entre 1.200 y 1400 pesos de alquiler por cada habitación, y en varios casos lo hacían con subsidios del Gobierno de la Ciudad.

La corporación judicial, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad (Mafucaba), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y el Colegio de Magistrados, salió en defensa de Botana, argumentando, entre otras cosas, que se pretendía “perseguir y enjuiciar a jueces por el contenido de la sentencia”.

Finalmente, el juicio político no prosperó, pero el Consejo de la Magistratura redactó la resolución 375/12, que fue la que despertó la reacción del fiscal general.

El artículo 335 del Código Procesal Penal porteño, que tiene una parte referida a la restitución de inmuebles, dice textualmente que “en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la fiscal o el/la juez/a, a pedido del/la damnificado/a, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil”. 

Según Kestelboim, este artículo es inconstitucional porque viola el derecho a la defensa de quien es desalojado durante un proceso de restitución inmobiliaria

Frente a la responsabilidad que se les otorgó a los fiscales en los casos de desalojo, el Ministerio Público Fiscal, que dirige Garavano, redactó, en 2008, un protocolo para que estos se “autolimiten” cuando ordenen este tipo de procedimientos.

Este documento exige una serie de actuaciones que los fiscales deben cumplir para garantizar la restitución pacífica del inmueble disputado y también el cuidado de los desalojados. Por ejemplo, intentar mediaciones previas, llamar a diferentes organismos vinculados a la salud y al cuidado de las personas (SAME, Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes y Defensa Civil, entre otros), convocar al programa Buenos Aires Presente (BAP) para que realice un censo de los ocupantes para detectar, por caso, la presencia de bebés, niños o personas que deban recibir atención médica, y otras medidas tendientes a reducir cualquier tipo de daño social. 

“El problema es que los fiscales tienen un protocolo autolimitativo, mientras que los jueces no”, subraya Olmos. 

Para el presidente del Consejo “una cosa es el ejercicio estricto de la responsabilidad que a Garavano le cabe como fiscal general y otra es su cumplimiento con quien lo puso en el cargo. Y con aquello que, quien lo puso en el cargo, persigue con la política de desalojos”, señala Olmos, refiriéndose al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. 

“Garavano expresa una determinada mirada sobre la Justicia y cómo esta debe funcionar. No nos olvidemos –remata el presidente del Consejo– que fue un fiscal propuesto por el Pro. Eso está claro y sería equivocado esperar otra cosa de él”.