Un hecho muy particular se originó ayer por la mañana en los pasillos de Tribunales de Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando un ciudadano español se apersonó para pedir auxilio denunciando que desde hace varios meses lo mantenían privado de la libertad y que recién había logrado escapar.

Se trata de Ángel Díaz González, un asturiano de 64 años, oriundo de Gijón, que llegó a la Argentina a principios de año, en calidad de turista por unos tres meses acompañado de un amigo argentino, con quien convivía en España y que tiene familiares “en las afueras de Buenos Aires”.

González relaciona el motivo de su captura con la pensión que recibe mensualmente por una invalidez total, causada en un accidente laboral cuando trabajaba como minero para la empresa del Estado español Unosa en Gijón.

Según manifestó González a ElDía, recibe más de 23 mil pesos por mes y “por esa cantidad de dinero me veo en esta situación”, se lamentó.

En sus declaraciones al matutino de Gualeguaychú, señaló que una vez que llegaron a la Argentina padeció situaciones peligrosas en barrios marginales de Buenos Aires y que transcurrido un tiempo llegaron a Gualeguaychú donde su amigo lo dejó al cuidado de otras personas mientras él regresaba a España a solucionar unos trámites. Sin embargo, antes de partir le hizo firmar un poder para cobrar la pensión y desde Europa girarle el dinero pero en los últimos meses no pudo acceder a un centavo de su dinero.

El hombre no recuerda el nombre del escribano de Gualeguaychú que certificó el poder para que su “amigo” cobrara la pensión en España y algunas otras cuestiones puntuales, ya que habría permanecido mucho tiempo sin tomar la medicación que obligatoriamente debe ingerir por la operación en su cabeza a causa del accidente laboral.

También contó que en Gualeguaychú pasó por tres domicilios en distintos barrios, pero no recuerda ninguno de ellos y que una vez que pudo “escapar” decidió ir a Tribunales por protección. En este marco, González radicó una denuncia por supuesta privación de la libertad, privación de toda clase de documentos, entre ellos el pasaporte, documento nacional de identidad y la cartilla de la seguridad social, los cuales eran retenidos por los cuidadores. Además, González denunció “me han dejado tirado en la calle y temo que me maten a tiros o que me pase algo”.

Del caso tomó intervención el fiscal Sergio Rondoni Caffa, que adoptó como primer medida convocar al responsable de Migraciones, quien escuchó toda la historia de González, y confirmó los datos de llegada al país y de la persona con la cual ingresó. Luego de ello lo observó el Médico Forense que encontró en el hombre trastornos psíquicos, confusión de la realidad y síntomas de deshidratación. Pero algo el fiscal destacó que el español de 64 años hizo el mismo relato en cuatro ocasiones, “había coherencia y concordancia con los nombres”.

De esta forma, se dispuso que fuera trasladado a Buenos Aires por un móvil policial que lo llevará a la Embajada de España, primando su voluntad. Además no podía permanecer más en la Argentina porque tenía la Visa vencida.

Con respecto a la persona que lo cuidaba, se ordenó que fuera identificara mientras se continúa con la investigación.