A instancias de los recientes antecedentes violentos, Virginia González Gass dijo que “no queda claro si el afán democrático del alcalde intenta lavar las manchas de sangre por los sucesos en el neuropsiquiátrico, confirmar su amistad con los multimedios enfrentados al Gobierno Nacional o establecer un régimen que, en nombre de la libertad de expresión, proteja de manera solapada sus prácticas dictatoriales”.
Los cuerpos libres conformados en la ex UCEP (Unidad de Control para el Espacio Público) por las que Macri continúa imputado, la falta de protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y la confirmación de los ministros Guillermo Montenegro (Justicia), Daniel Chain (Desarrollo Urbano), Graciela Reybaud (Salud), con toda la cadena de responsabilidad bajo el mando del ex jefe exonerado de la Federal Horacio Giménez, son prueba de una matriz autorizaría que empezó en aquellos tiempos en los que Jorge “Fino” Palacios puso a trabajar a sus espías para pinchar teléfonos, y continuó con Eugenio Burzaco, quien diseñó los mecanismos de represión en donde fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba, durante 2007.
Para la Diputada por el Partido Socialista Auténtico, “todos estos antecedentes obligan a dudar respecto al afán pluralista y democratizador de un decreto, que no reviste necesidad ni urgencia en democracias imperfectas como las nuestras, las cuales permitieron una clara tendencia a la concentración de poder en los sistemas de medios, tanto oficialistas como opositores.
Los considerandos del mencionado decreto apelan a todos los tratados internacionales en materia de libertad de expresión, incorporados a la Constitución Nacional con la reforma de 1994, los cuales tienen rango superior a las leyes nacionales.
“No hay democracia sin libertad de expresión y no hay libertad de expresión sin libertad de prensa”, aseguró el mandatario porteño.
González Gass observó que “lo más sorprendente surge en el artículo 21 que indica: “Corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad, con excepción de aquellos que ocupen espacio radioeléctrico los que estarán regulados por la ley federal correspondiente”. En otras palabras, se reconoce la jerarquía nacional de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para luego rechazarla, lo cual retrotrae todo este ímpetu democratizador a un pensamiento binario propio de un atavismo cultural que no ha podido superar el macrismo.
Vale destacar que en el ámbito de la Legislatura porteña, durante la gestión de Macri nunca funcionó una comisión dedicada a custodiar la Libertad de Expresión, estudiar el manejo de la publicidad oficial, el régimen sobre el cual debe constituirse el sistema de medios de la Ciudad ni su anclaje en las normativas nacionales.
Finalmente, González Gass dijo “repudio toda acción que implique tales retrocesos, incluso sea en nombre de la libertad de expresión. En especial, cuando se trata de la protección mutua entre los poderes fácticos y los políticos• y sentenció “Macri esconde un fuerte sesgo autoritario y represivo que nada tiene que ver con los derechos fundamentales que menciona en su decreto”.
