Asimismo, esta medida se dictó hasta tanto Ferrer se expida sobre el amparo que los juntistas presentaron para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto al que consideraron un “golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las comunas”.
Esto se sumó a una declaración de repudio y un pedido de informes que presentó la legisladora porteña del Frente para la Victoria y presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, María Rosa Muiños; y que, en la Sesión ordinaria de este jueves, el bloque PRO impidió su tratamiento y pidió que sea remitido a una comisión parlamentaria.
También vecinos participativos en los Consejos Consultivos Comunales y nucleados en espacios como Ciudadanos por Comunas y Movimiento Comunero habían expresado su total rechazo a los términos del Decreto.
“El Decreto 251/2014 resulta violatorio de las disposiciones del artículo 80 inc. 3, y del Título Sexto “Comunas” de la Constitución de la Ciudad, que determinan facultades de la Legislatura, como así también la naturaleza jurídica de las Comunas, sus atribuciones y su ámbito de actuación”, sostuvieron los miembros de la Juntas Comunales en el amparo.
Dicho decreto, publicado en el Boletín Oficial el 25 de junio, establecía la creación de cuatro nuevos cargos para cada comuna: gerente operativo de gestión administrativa, gerente operativo de gestión comunal, sub-gerente operativo de participación vecinal y atención vecinal, y sub-gerente operativo de control comunal y de obras.
Todos ellos pretendían tener injerencia en cuestiones de elaboración presupuestaria y de administración comunal, a pesar de que los artículos 26, 28, 29 y 32 de la Ley 1777 (Ley de Comunas) de esta Ciudad, otorga esas facultades a la Junta Comunal, a su presidente y a sus miembros.
Por tal motivo, los comuneros kirchneristas consideraron que el decreto, “colisiona con la norma constitucional porque pretende reglamentar un nuevo funcionamiento de las Comunas de la Ciudad, mediante la modificación de su estructura orgánica, que sólo puede llevarse a cabo con el voto de las dos terceras partes de la Legislatura de la Ciudad”.
En este sentido, afirmaron que “el Poder Ejecutivo desconoce o ignora dolosamente la autonomía comunal que otorga la propia Constitución local” y resaltan su “grave intromisión en la competencia de las Comunas”.Por otro lado, los miembros de las Juntas comunales destacaron que “no es este el primer avasallamiento que intenta el Poder Ejecutivo a las Comunas, pues en el año 2011, mediante el Decreto 376/11, trató de desplazar atribuciones del ámbito comunal hacia Unidades de Atención Ciudadana (UAC) dependientes del Poder Central” y, finalmente, se resolvió que el documento resultaba “de rango inferior respecto de los preceptos constitucionales plasmados en el Título Sexto y las normas legales reglamentarias”..
