El proyecto  firmado por Diana Maffía (CC), Gabriela Alegre y Juan Cabandié (EPV) se basa en la interpretación amplia del artículo 86 del Código Penal, es decir,  que el embarazo puede interrumpirse en cualquier caso de violación sin quei la mujer ni el médico que haga el aborto puedan ser penados, y no sólo en las perpetradas a débiles mentales como hasta ahora.

El proyecto pasó por las comisiones de Salud y Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, antes de llegar  a la de Justicia, que preside Gerardo Ingaramo (PRO). En la de Salud, votaron en agosto pasado a favor de su sanción Maffía, Alegre, Fernando Sánchez (CC), Mateo Romeo (PJ) y su presidente, el médico Jorge Selser (Proyecto Sur). Y en contra y por su archivo, las legisladoras del PRO Lidia Saya, Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios y Raquel Herrero, así como la disidente Mónica Lubertino (Unión Federal). Pero como ésta lo hizo con diferentes fundamentos, el dictamen fue favorable por 5 votos a 4.

En cambio, la comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud trató este despacho el pasado miércoles 29 y el resultado fue favorecer su archivo, con las firmas de las ya mencionadas legisladoras más Ingaramo, Polledo y Herrero, y de sus colegas del PRO Carolina Stanley y Victoria Morales Gorleri. Votaron positivamente Maffía, Laura García Tuñón (Proyecto Sur), María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) y Marcelo Parrilli (Nueva Izquierda).

 Pese a la tardanza en aprobar una ley que reglamente la realización de abortos no punibles  en la Ciudad, se han  practicado a mujeres que declaran haber sido violadas, sin necesidad de que denuncien la violación ante la Justicia.

En el hospital Teodoro Álvarez, cuya directora, la ginecóloga Diana Galimberti, es una reconocida experta en embarazos adolescentes, se realizan . Galimberti se rige por la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” que editó el Ministerio de Salud de la Nación en octubre de 2007, durante la gestión de Ginés González García.

En la  Legislatura de Chubut, el pasado 20 de mayo, se  sancionó una ley de abortos no punibles, que los permite tanto en casos de violación como cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud física o mental de la encinta, sin necesidad de autorización judicial, antecedente que hace que no sea la CABA la que tenga que sentar precedente.

Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) se pronunció sobre los alcances de los abortos autorizados. Para la AAPDP –de la cual son miembros destacados el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, el juez federal Daniel Rafecas, el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) David Baigun y el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia porteño Julio Maier– “los abortos justificados en el Código Penal argentino desde 1922, que no necesitan autorización de jueces ni de comités médicos para su realización son: a) el realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud –física o psíquica– de la madre; b) cuando el embarazo fue causado por una violación respecto de una mujer sana mentalmente; c) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer menor de trece años; d) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer que por alguna otra razón (por ejemplo, deficiencias mentales) no pudo consentir el acto sexual y, e) cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción no consentida contra cualquier mujer, como una inseminación artificial”.

Los que  defienden la sanción de una ley reglamentaria argumentan que “la mayoría de los hospitales no obran como el Álvarez sino que cuando reciben un pedido de aborto exigen la autorización de un juez para cubrirse de un eventual caso en el que, por ejemplo, pudiera aparecer el marido de una presunta violada que abortó, afirmando que el niño/a por nacer era suyo, para nada producto de una violación y que quería tenerlo”, tal como señaló al ser consultada la Asociación de Médicos Municipales.

La directora de la comisión de la Mujer, Aluminé “Malú” Moreno, dice que los legisladores están ahora más entendidos en la materia y que es de prever que, “como corresponde reglamentariamente” por tener despacho en dos comisiones y preferencia para que se trate el próximo jueves 28 en la de Labor Parlamentaria, consigan que sea incluido en el temario de la comisión de Justicia.

Malú Moreno estimó perentorio que, para su aprobación, el proyecto “llegue a recinto cuanto antes”, ya que el año que viene, electoral, “será muy difícil” tratarlo. Actualmente, además de los firmantes, el proyecto cosechó el apoyo explícito de otros 23 legisladores.