El oficialismo porteño con ayuda de sus aliados de siempre decidió vaciar sus mecanismos. A fines del año pasado, el macrismo dejó  sin despacho de comisión la renovación de la ley 2548, la única que permite cuidar un poco el patrimonio porteño.

Desde entonces los patrimonialistas, lograron un amparo y por ello en los siete meses que llevamos de este año,  el gobierno porteño tuvo que buscar otro artilugio para beneficiar a  la piqueta.

Por estos días  la estrategia del Ejecutivo porteño pasó por dejar la ley pero designar personan afines en el  Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales  .

Al mismo tiempo removieron  por ley a Mónica Capano, la única persona en ese Consejo que realmente se jugaba  en  defensa del patrimonio arquitectónico.

Cabe recordar que el  Consejo tiene ingerencia  para considerar todo edificio anterior a 1941 que quiera ser demolido o remodelado .

Lamentablemente, el  Caap no es ninguna maravilla, porque tiene el sí fácil y el oído sensible a los argumentos inmobiliarios y las protecciones son  minoría,  producto de la cerrada actitud de funcionarias como Graciela Aguilar, que increíblemente representa al Ministerio de Cultura; de  Susana Mesquida, la representante de su jefe, el director general Antonio Ledesma, que se supone preside la entidad pero nunca, asiste a cumplir sus funciones..

Pese a ello, se logró frenar la piqueta en varios centenares de edificios. En la última sesión del cuerpo,  no se pudo aprobar ni una protección de las presentadas por trámite, debido a  la aparición de dos nuevos miembros :  la arquitecta Ana Pusiol en representación de esa entidad tan sensible a los intereses inmobiliarios, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña y por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (pese a que cuestionó por escrito durante años) el  arquitecto Juan Martín Urgell.

Tanto Pusiol como  Urgell, además de tener en en común el título, tienen en común la falta de antecedentes como  profesionales  en materia de patrimonio.

Pusiol es especialista en planificación urbana y gestión ambiental, materia que enseña en la cátedra fundada en la Fadu/UBA por su marido, Carlos Lebrero. Son muchas sus obras, estudios, asesorías, participaciones en paneles de expertos, jurados y grupos de trabajo

Urgell tiene un perfil  más claro: su gran especialidad es la “dirección de empresas constructoras e inmobiliarias”, carrera que estudió en Madrid, que enseñó aquí y que explica su presencia como miembro de la comisión directiva de la Asociación de Empresarios de la Vivienda desde hace 16 años y sus dos años como miembro de la comisión directiva de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios.

Urgell es además socio del estudio fundado por su padre y por Augusto Pinedo. Pero lo  relevante aquí es que este arquitecto aparece en el Caap con mandato del CPAU. Por años, el consejo profesional se negó a tomar su banca en la mesa por su desacuerdo ideológico con la misma idea de que existiera esa mesa.. La posición del CPAU es todo o nada: o se hace un relevamiento que determine de una vez por todas qué es patrimonio y qué se demuele, o se demuele en libertad. Y mientras se hace el relevamiento, también se demuele.

El CPAU se ofende y envía cartas cada vez que se lo define como un lobby de las empresas constructoras y los grandes estudios, pero es entusiasta y abierto a la hora de bajar de catalogación  áreas de protección histórica. Para este organismo, la lógica del negocio es que, a mayor la altura permitida, mayor el edificio y el capital necesario, con lo que todo queda reservado a los grandes estudios y grandes compañías. Eso del arquitecto independiente sin capital accediendo a obras más pequeñas y viviendo dignamente no es del interés del organismo.

Por ello, no extraña que este martes su representante Urgell fue tajante, firme en sus negativas a proteger nada. Pusiol lo acompañó , junto al representante de la Fadu/UBA, David Kuliok, y los empleados de Planeamiento y Cultura.

Sin la presencia de Capano,  la persona más molesta para los intereses de la industria privilegiada en el Caap. Protestando sistemáticamente y animando a los que se dejan intimidar por la energía del lobby, Mónica Capano se transformó en un verdadero problema para el macrismo en su aspecto empresarial. Capano, militante del Frente para la Victoria, era la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural.

Capano había logrado transformar  un antiguo sello de goma creado por la Legislatura y el Ministerio de Cultura porteño. para estacionar amigos, publicar libros, viajar a congresos.

Desde su función ad honorem en  el Caap, Capano mostró una grata energía en darles voz a los vecinos y a los patrimonialistas, a los que ayudó y mucho con argumentos, investigaciones legales y buenas ideas políticas.

Todos estos determinó que  el PRO se decidiera a correrla del  medio con bastante costo político y  con la sorprendente ayuda de Proyecto Sur.

Es así como el jueves pasado, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, Lía Rueda, presentó un proyecto de nuevas autoridades de la comisión 

Lo hizo unas horas antes de la sesión habitual y con la firma de los diputados de Proyecto Sur Raffo y Basteiro. Esto es llamativo, no sólo por la flamante alianza, sino porque el PRO tiene siete de los trece integrantes de la comisión, o sea quórum y mayoría propias y no  le hacía falta conseguir firmas por afuera.

El proyecto de Rueda propuso, otra vez, como secretario general a Ricardo Pinal Villanueva, candidato al puesto hace más de dos años y hombre de Diego Guelar, el lobbista de Churba en el caso de La Imprenta. Pinal , quien es director de proyectos culturales del Banco Ciudad y fue tercer suplente en la lista de candidatos para la Comuna 8, sin ser elegido. Es un hombre que garantiza que no habrá más problemas por este flanco.

La diputada Lía Rueda obviamente actuó por orden superior y con todo respaldo, lo que queda de manifiesto por la manera en que presentó el proyecto: a la tarde del día de sesiones, sobre tablas.

La iniciativa  ni siquiera pasó por la comisión de labor, fue directamente al recinto para ser votado y aprobado pese al griterío de la oposición.

Y así fue que este jueves, a la noche, el macrismo logró limpiar de toda oposición su sistema dedicado a aceitar y hacer posible el negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Ni falta hace eliminar la ley.