Política

Lorenzetti niega un «pacto» con el Gobierno por la Ley de Medios

De esta manera, el titular de la Corte Suprema de Justicia desestimó hoy las acusaciones de un sector de la oposición que afirmó que el presidente del máximo tribunal "entregó la ley de medios a cambio de la caja del poder judicial". Adelantó que pueden surgir nuevas cuestiones judiciables en la aplicación de la norma.

Lorenzetti desmintió que haya existido un pacto con el Gobierno.

El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, desestimó hoy las acusaciones de un sector de la oposición que señaló que realizó un “pacto» con el Gobierno por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ayer fue declarada constitucional.

 

«Tengan toda la tranquilidad que la Corte no ha hecho ningún pacto con nadie. Somos muchos, con opiniones diferentes y cualquier tipo de pacto sería absolutamente conocido. ¿Cómo vamos a hacer un pacto sobre un tema tan complejo como éste?», manifestó el presidente de la Corte.

 

«Hay que darle tranquilidad a la gente que la Corte sigue siendo la misma, con los conceptos históricos de los últimos 10 años sobre derecho a la propiedad y libertad de expresión, y otros temas que vamos a seguir defendiendo igual», añadió Lorenzetti.

 

La polémica se desató cuando la diputada Elisa Carrió afirmó ayer que el titular de la Corte Suprema, “(Ricardo) Lorenzetti entregó la Ley de Medios a cambio de la caja del poder judicial», y advirtió que pedirá un juicio político y penal para el presidente de la Corte Suprema.

 

Ayer, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue declarada «constitucional» por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras cuatro años y tres días desde la primera acción judicial del Grupo Clarín que impidió durante ese tiempo la aplicación integral de la norma. 

 

El proyecto de ley impulsado por la presidenta Cristina Fernández, quien anunció su envío al Congreso el 27 de agosto de 2009, fue debatido por la sociedad en foros federales y sancionado por el Congreso nacional.

 

El peregrinaje de la ley -Nº 26.522- por los tribunales comenzó el 26 de octubre de 2009, 16 días después de su sanción por el Parlamento, cuando el Grupo Clarín presentó un pedido de inconstitucionalidad contra varios artículos y el ex magistrado Edmundo Carbone dictó una medida cautelar que frenó su aplicación, el 15 de diciembre.