Por Sally Burch. Traducción de Ana Vallorani
En los últimos meses, Chevron ha dirigido contra Ecuador un aluvión de publicidad difamatoria cuestionando el sistema jurídico del país, en un intento de eludir la pena en virtud de la cual se le ordenó pagar casi US $ 19 mil millones para limpiar el área y proporcionar asistencia sanitaria y agua potable a la población afectada.
La campaña de Ecuador titulada » La mano sucia de Chevron «, fue presentada por el presidente Rafael Correa el 17 de septiembre, en una visita al pozo contaminado de Aguarico 4, operado hace décadas por Texaco. La compañía, que se fusionó con Chevron en 2001, dejó casi un millar de estos pozos en más de tres décadas de explotación petrolera en la selva amazónica (1964-1992), abarcando una superficie de más de un millón de hectáreas, donde se estima que 18 millones de galones de agua contaminada con petróleo, han seguido filtrándose de los pozos sin protección o por desbordamiento durante las fuertes lluvias. La filtración ha contaminado los ríos y arroyos utilizados por la población local para el consumo de agua, ha destruido la vida silvestre y afectado negativamente a la agricultura.
Correa estima que el daño será mucho mayor que el derrame de petróleo de Exxon Valdez en Alaska o el de BP del Golfo de México. «Este es uno de los desastres más graves de la humanidad», anunció.
Texaco no utilizó la tecnología adecuada, disponible en el momento, para sellar los pozos y limpiar directamente otros 17 millones de galones de derrames de petróleo. Esta práctica ahorró de US $ 2 a $ 3 en costos de producción por barril, lo que aumenta las ganancias de la compañía. Un total de 54 centros de producción inspeccionados por el tribunal de primera instancia de Lago Agrio en Ecuador demostraron todos graves niveles de contaminación por petróleo que violan las normas legales y las normas internacionales. En el momento de la operación de Texaco, la norma ecuatoriana de hidrocarburos totales de petróleo en el suelo y el agua era 10 veces más tolerante que la norma de EE.UU., pero aún así, la contaminación promedio hallada es 20 veces la norma ecuatoriana, y en algunos sitios, hasta a 900 veces.
Según el presidente Correa, «para evadir sus responsabilidades, Chevron ha invertido más de $400 millones, ha contado con decenas de firmas de lobbys y con unos 900 abogados.» Instó a los accionistas de la empresa a no ser «cómplices indirectos de una empresa que no sólo ha demostrado irresponsabilidad absoluta, sino que ahora está buscando impunidad.»
También estuvo presente en el lanzamiento de la campaña de Ecuador Gayle McLaughlin, alcaldesa de Richmond, California, quien denunció un similar «juego sucio » de Chevron para evadir la responsabilidad tras el incendio en su refinería de Richmond en 2012, que afectó a más de 11.000 habitantes.
Un sistema internacional injusto
La demanda contra Chevron fue presentada en privado por un grupo de ciudadanos víctimas de la contaminación, representando los intereses de cerca de 30.000 habitantes, en su mayoría indígenas, que han sufrido graves problemas de salud, entre ellos más de un millar de muertes por cáncer. Sin embargo, Chevron ha llevado el caso a un tribunal de arbitraje internacional en La Haya, invocando una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos.
El tratado está en vigencia desde 1997, mientras que Texaco dejó Ecuador en 1992. Por otra parte, éste sólo cubre las disputas con el Estado, y por lo tanto, argumenta Ecuador, no debería ser aplicable a una demanda privada. No obstante, el tribunal no sólo declaró su autoridad para hacerse cargo del caso – aplicando el tratado con carácter retroactivo – sino que ordenó al Gobierno que tome las medidas necesarias para obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia, dentro o fuera de Ecuador, ignorando así la independencia del sistema judicial.
Chevron, cuya preocupación principal es evitar la incautación de sus activos en otros países para obtener los pagos adeudados, afirma que los acuerdos firmados con el gobierno de Ecuador en 1995 y 1998 (un período en que la mayoría de gobiernos latinoamericanos estaban más interesados en atraer inversiones que en defender su soberanía) eximirán a la empresa de cualquier otro reclamo, y está tratando de hacer responsable al Estado ecuatoriano de las consecuencias derivadas del procedimiento Lago Agrio. Pero el mismo día en que la campaña se puso en marcha, el Tribunal de La Haya emitió un veredicto parcial, en el que concluyó que la eximición no previene reclamos privados con respecto a los derechos individuales, aunque podría impedir reclamaciones «colectivas» o «difusas». No se pronuncia, sin embargo, sobre si esto se aplica a los procedimientos de Lago Agrio. Las audiencias se reanudarán en enero.
«Este es un caso emblemático que demuestra la injusticia y la inmoralidad del orden internacional, donde hay una total supremacía total del capital y de las transnacionales sobre los pueblos, sociedades o naciones «, dijo Correa. Ecuador está demandando una reforma del sistema de tribunales de arbitraje para tratados de inversión y ha propuesto la creación de un tribunal regional en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que sería operado por reglas más justas.
La demanda privada de la población afectada se presentó inicialmente en Nueva York, en 1993, donde durante nueve años, Chevron solicitó desestimación judicial del caso y que sea enviado para ser juzgado en el Ecuador. Cuando la compañía finalmente logró esto, la condición fue que aceptaba el veredicto de la corte ecuatoriana. Pero cuando este resultó ser desfavorable para ellos, en los fallos sucesivos en 2011 y 2012 en Lago Agrio, funcionarios de la compañía no se detuvieron hasta impedir un fallo final. Ahora se está llevando a cabo un nuevo juicio en un tribunal federal de Nueva York, alegando que la sentencia ecuatoriana se obtuvo ilegítimamente.
Cualesquiera que sean los resultados legales finales, este caso es un claro ejemplo de cómo las poderosas empresas transnacionales utilizan su influencia financiera y política para burlar las normas jurídicas, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, sobre todo cuando se trata de países pobres y poblaciones marginales. Texaco se escabulló ignorando sus responsabilidades en la selva amazónica durante décadas, y Chevron está tratando de forzar a Ecuador a desembolsar los $ 19 mil millones para el operativo de limpieza. De acuerdo con el informe financiero de Chevron de 2012, las ventas de la empresa y otros ingresos de operaciones para el año 2012 ascendieron a 230 millones de dólares. Ecuador, con 13 millones de habitantes, cuenta con un presupuesto fiscal anual total de apenas 26 mil millones dólares.
Fuente: Truthout, EE.UU
