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Oyarbide, sin pausa pero sin prisa

El juez federal se prepara para tomar nuevas declaraciones que puedan aportar pruebas ya que no cree que se deba cerrar la etapa de recolección de pruebas y está convencido que aún se deben analizar varias cuestiones importantes.

Aunque el dictamen de la Cámara de Casación contra Palacios, que fuera firmado por los tres integrantes del cuerpo: Catucci, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, quienes le recomendaron a Oyarbide que finalice la instrucción, al afirmar en una parte de la resolución: «Es necesario que el magistrado a cargo de la investigación reúna a la brevedad toda la prueba no producida y la encamine hacia la próxima etapa procesal», es Oyarbide quien determinará el momento cuándo finaliza la etapa de instrucción del expediente y se inicia el camino que llevará a Mauricio Macri al juicio oral.

Por su parte, los letrados de Macri, aducen que si la investigación se retrasa, es porque» parte de la culpa la tienen las autoridades del Gobierno porteño, que inexplicablemente demoraron en informar sobre los números de los teléfonos fijos y móviles que utiliza y utilizó en los dos últimos años el jefe comunal. A pesar de que el juez se los solicitó a través de un pedido judicial, que realizó el 19 de mayo, el macrismo esperó hasta el 12 de agosto para responder, informando sobre el número del celular que Mauricio utiliza en la actualidad, omitiendo el resto de la data pedida por el magistrado».

El aporte del celular fue determinante para conocer que existieron, en principio, nueve comunicaciones entre Macri y Palacios en 2009 y que siete de ellas se produjeron cuando el ex comisario era el jefe de la Metropolitana. Llamadas que Mauricio negó al declarar en la causa. Aún resta entrecruzar muchos más datos y ése es uno de los trabajos actuales del Juzgado»Pero en las próximas semanas,la labor del juez no sólo se centrará en el entrecruzamiento de líneas telefónicas, sino que el magistrado también tomará nuevas declaraciones testimoniales a personas que ya pasaron por los tribunales federales de Comodoro Py y deberán ampliar sus dichos. A ellos se agregarán personas que nunca fueron citadas. «El magistrado estudia muy seriamente la posibilidad de indagar a Franco Macri y a Richard Ford, el representante para Sudamérica de la empresa Ackerman Group, compañía que Franco tiene contratada para brindarle seguridad a su familia».

Ya que cree tienen información clave que acreditaría la culpabilidad del jefe comunal en el espionaje.

Ford, es un estadounidense que integró el FBI y que además mantuvo una buena relación con «Fino» Palacios cuando éste era el jefe del Departamento Unidad de Inteligencia Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, relación que es considerada fundamental por el juez, ya que piensa que Ford como responsable de Ackerman habría recibido la orden de Franco de intervenir clandestinamente el teléfono de Néstor Leonardo, el cuñado de Mauricio. Siguiendo esta línea de investigación, Ford no habría querido involucrar a su compañía en un problema estrictamente familiar y de negocios y habría «recomendado» al ex miembro de la Federal, Ciro James, para la tarea. Otro dato que apunta al ex FBI lo aportó en sede judicial el propio Leonardo, quien al ser interrogado sobre la persona que podría haber realizado la intervención clandestina contra su línea, implicó a Ford en la maniobra. En referencia a la empresa Akckerman, el magistrado ya había solicitado el 3 de agosto un pedido de informes a la compañía para conocer su participación en el espionaje contra el cuñado de Mauricio. La situación del espía porteño y Macri en el caso de la pinchadura que sufrió Leonardo se complicó en los últimos meses, debido a que los datos entregados por la empresa Nextel sobre la ubicación del celular de James «permitieron hacer la triangulación de una comunicación de dicho celular que estaba quieto o desplazándose a muy baja velocidad en la esquina de Libertador y Tagle, donde vivía Mauricio Macri, el 27 de agosto de 2008 a las 23.05″. La teoría de Oyarbide indica que Ford y Palacios recomendaron a Ciro James a Franco y Mauricio Macri y éste se encargó de intervenir su teléfono.

El beneficio que obtuvo el espía por su eficiente tarea sería un contrato en el Ministerio de Educación porteño, lugar donde se desempeñó durante un año y medio.

A eso se agrega la versión judicial de James, quien reconoció ante el juez haber realizado las pinchaduras, aunque aclaró que las había hecho por su cuenta, sin que lo mandara nadie. Este testimonio es «poco creíble» para el magistrado, ya que el ex federal tenía una empresa de seguridad y difícilmente hubiera trabajado sin recibir pago alguno.