Los letrados patrocinantes fundamentaron su solicitud al señalar que el expediente caratulado «James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos» se origino en un delito, ya que fue un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) quien le advirtió al líder de la agrupación de Familiares y Víctimas del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein, que su teléfono particular estaba pinchado. Los abogados señalaron que este hecho es un delito ya que un agente de Inteligencia «debe guardar secreto de lo conocido», tal cual lo estipulan los artículos 157 y 248 del Código Penal.Oyarbide por su parte en su fallo, aseguró «que lo planteado por la defensa del jefe comunal no está probado en el expediente, y su único sustento es una nota periodística basada en la suposición de que un espía habría alertado al dirigente judío».Oyarbide agregó que el agente del SIDE, Hugo Álvarez que fue mencionado en la nota periodística, cuando fue llamado a declarar negó ser el autor del llamado anónimo.