El Estado parananense estableció por 120 días la emergencia hídrica para sostener la normal presión de agua potable para la ciudad, por lo que se actuará contra privados que intervinieron en la ribera en la zona de la captación poniendo en riesgo el servicio. A su vez, se invertirá en mayor equipamiento y se solicitó a los usuarios un uso racional, responsable y solidario.

En las instalaciones de la toma de agua de la capital, la intendenta de la ciudad, Blanca Osuna, junto a funcionarios municipales y provinciales, anunció la medida.

Osuna, detalló que la medida implica que el Estado actuará contra los privados que ocuparon la ribera que modificaron la traza y ponen en riesgo la normal capción del agua. Asimismo, informó que el gobierno hará todas las inversiones necesarias en la primera etapa del servicio público y se tomarán medidas ante el consumo irresponsable del agua potable.

La funcionaria expresó que el Estado resolvió delimitar una “zona de seguridad”, que será inaccesible ya que es estratégica para la captación del agua, por lo que se acudirá al poder Judicial contra los privados que privilegiaron intereses particulares sobre los generales. 

Por su parte, el secretario de Planificación, Infraestructura y Servicios de la municipalidad, Guillermo Federik, aseguró que el sistema “funciona bien en muchas de las fases”.

El subsecretario de Saneamiento, Oscar Calvi, hizo hincapié en la responsabilidad de todos los ciudadanos de cuidar el servicio público de agua potable. “El Estado cumple con su parte pero los usuarios también deben ser conscientes que deben colaborar de una forma solidaria, responsable y racional. Todos deben aportar su granito de arena para sostener el servicio público”, sentenció.