“Los juicios por delitos de corrupción deben tener jurados populares, si queremos democratizar la justicia”, expresó al respecto la diputada PRO Laura Alonso, impulsora de la iniciativa.

Alonso explicó que el objetivo es evitar las relaciones existentes entre jueces y las más altas esferas de poder, lo que trae como consecuencia directa el no juzgamiento de estos delitos. 

Así, se avanza en la necesidad de un profundo cambio en el sistema jurídico y en un proceso de democratizar el Poder Judicial, brindándole aún mayor independencia de los poderes políticos y aumentando la legitimidad de las sentencias o absoluciones.

Según el proyecto quedarían abarcados los delitos contra la Administración Pública: cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. 

“Se avanza en la concientización de la ciudadanía en cuanto a sus responsabilidades cívicas y le acerca la justicia, otorgándole un marco de participación y decisión”, describe Alonso y agrega que de esta forma se otorga mayor legitimidad tanto a las condenas como a las absoluciones que se produzcan. 

Asimismo argumenta que “actualmente, la ciudadanía desconfía de las pocas investigaciones que se realizan en materia de corrupción y de las absoluciones, quitándoles todo tipo de legitimidad a los jueces actuantes”.

Según ella “la investigación originada por la causa por enriquecimiento ilícito, en la que el matrimonio Kirchner, fue sobreseído, al igual que el Vicepresidente Amado Boudou, investigado en la causa nº 1302/12 caratulada ‘Boudou, Amado y otros s/negociaciones incompatibles con la función pública y otros’, tenía que impulsarnos a motorizar un cambio”.