En estas últimas sesiones, el clima político parece estar más tranquilo que otros años. Esta vez no habrá grandes conflictos, aunque se sabe que  no estarán ausentes. 

Más allá de las leyes en las que no se lograron acuerdos como por ejemplo Presupuesto, o la construcción del shopping en Caballito, y algunas que les directamente no bajarán al recinto, existe en el Parlamento porteño un clima de cierta tranquilidad.

Según las fuentes parlamentarias, los dos últimos años de Macri verán a un bloque Kirchnerista  que planteará un escenario con menor dureza.

Los proyectos más importantes que envió a la Legislatura el Gobierno porteño, que aún no obtuvieron tratamiento y esperan pronta aprobación, son, entre otros, la rezonificación para construir un shopping en Caballito; la instalación de plantas de tratamiento de residuos; el Instituto de Evaluación Educativa; el masterplan de la Comuna 8; la construcción de la Villa Olímpica y el Distrito Deportivo; la instalación de la casa Ronald McDonald dentro del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez; el pase de los inspectores de Trabajo a la Agencia Gubernamental de Control; la puesta en funcionamiento de la boleta electoral única, y la implementación de centros comerciales a cielo abierto, propuesta por la CAME.

En el proyecto original del Pro, la aprobación de la Villa Olímpica para albergar a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en Buenos Aires en 2017, estaba atada al superplan de la Comuna 8, una obra faraónica diseñada solo para favorecer a algunos constructores.

La oposición del bloque del Frente para la Victoria obligó al oficialismo a separar ambos proyectos, lo que allanaría el camino hacia su aprobación. 

De todos modos, los kirchneristas miran con ojo desconfiado algunos puntos agregados que propuso recientemente el Pro, que volverían a poner piedras en el camino del acuerdo. Por esta razón, un proyecto que no tiene mayores objeciones aún se mantiene en la nebulosa.

El asesinato de un hombre en la vereda del Zoológico, producto de una discusión por el reparto de las propinas de los automovilistas que estacionan en el lugar, motivó la resurrección de un antiguo proyecto del Pro para prohibir la actividad de los cuidacoches o trapitos.

La oposición, de todos modos, desconfió inmediatamente de sus intenciones y pasó a asegurar, en cambio, que esta propuesta encubre, en realidad, el proyecto de extender al resto de la Ciudad las zonas de estacionamiento medido. La coartada consistiría en retirar el proyecto relacionado con el estacionamiento que se cobra artesanalmente (los trapitos) y reemplazarlo por los parquímetros, que de hecho ya tuvo aprobación.

El proyecto original del Pro proponía la vuelta del cepo y la extensión del accionar de las grúas y los parquímetros a los barrios de la Ciudad, especialmente a los situados en la zona norte, donde los funcionarios suponen que llegan muchos automovilistas de alto poder adquisitivo que vienen de Vicente López, San Isidro, Martínez, Acassuso, Tigre y San Fernando, estacionan sus autos y toman el subte –preferentemente– para llegar hasta el centro. 

En el caso de los barrios de Belgrano y Núñez albergan los subterráneos que llegan más cerca de los límites externos de la Ciudad, lo que facilitaría la transferencia desde los autos al transporte público, al menos en la explicación de los funcionarios.

Con la aprobación de la  Legislatura, el Poder Ejecutivo de la Ciudad estará en condiciones de publicar la licitación y las empresas interesadas presentarse. La concesión del servicio será por 10 años y con la posibilidad de ampliar zonas que podrían llegar a cinco.

A raíz de una ley aprobada en noviembre de 2011, el Jefe de gobierno tenía facultades para llamar a licitación pero cambiando la ecuación: los concesionarios percibirán un canon por servicio.

Si bien surge un cambio en la lógica de la administración del negocio, a partir de ahora la Ciudad tendrá una “autoridad de aplicación” que ordenará el trabajo cotidiano ayudado con un GPS. Y habrá un 10 por ciento de lo recaudado para que cada empresa pueda hacer fondo propio, el restante 90 por ciento, irán a las arcas estatales.

Además del triunfo para eliminar el “cepo”, que no se usa desde hace mucho tiempo en la Ciudad, los diputados acordaron que los residentes no paguen por estacionar. 

Según el expediente Nº 3566-J-2012 para llamar a “Licitación Pública Nacional para la concesión de la prestación de servicios relacionados con el Servicio Público del Sistema de Estacionamiento Regulado de la CABA” avanzaba casi hasta el 50 por ciento de las calles de la metrópolis para cobrar estacionamiento, incluyendo a los residentes.

De todos modos, la ampliación de las zonas ramifica los beneficios de la explotación del servicio, algo que es visto con buenos ojos por los kirchneristas. 

Por otra parte pasarían los concesionarios de dos a cinco, en una medida claramente antimonopólica, como lo es ahora. 

El pago por el estacionamiento callejero tarifado hoy está absolutamente desfasado de la realidad en términos de competencia e inflación, más allá del ingrato accionar de las grúas y su costo y recaudación, que son considerados excesivos y que pasarían a manos del Estado 

El Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto para crear un Instituto Autárquico de Evaluación de la Calidad Educativa, que es, según algunos legisladores opositores, una copia fiel de un modelo que implementó en Chile el dictador Augusto Pinochet.

En el país trasandino funciona el modelo de escuela-charter que en la Ciudad de Buenos Aires intentó implementar –sin éxito– Mariano Narodowski, el primer ministro de Educación que designó Mauricio Macri al ser elegido jefe de Gobierno.

En el sistema chileno, el Gobierno entrega un cheque por una determinada suma a una familia para ser destinado a la educación de un hijo. Luego, la familia entregará ese voucher a una escuela, a la que enviará a su hijo. La escuela, a su vez, de acuerdo a cuántos vouchers recibe, será calificada por el Ministerio de Educación.

De esta manera, el año pasado, el Gobierno chileno dio de baja a 38 escuelas por falta de inscriptos y este año tiene previsto cerrar 14 establecimientos más por la misma razón.

Más allá de las coincidencias, el proyecto no ha concitado hasta ahora el apoyo de los sectores de la oposición y es difícil que supere la prueba, por lo que existe la posibilidad de que ni siquiera sea puesto en juego por el oficialismo, que esperaría a una mejor oportunidad para presentarlo, a no ser que consiga el apoyo del bloque de Unen, que estaba buscando el martes último.

Hace unos pocos meses, los inspectores que dependían de la Subsecretaría de Trabajo fueron transferidos a la Agencia Gubernamental de Control, sin cambiar la ley que creaba esta última agencia ni la que creó la Policía del Trabajo.

Para paliar este “olvido”, el Gobierno porteño envió un proyecto de ley que oficialice el traspaso y le otorgue cobertura legal. 

Se sabe que la iniciativa no será acompañada por los bloques mayoritarios porque contradice el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que la Policía del Trabajo funcione separadamente del resto de los organismos de control de los gobiernos, ya que en muchas partes del mundo se utilizaba la estratagema de hacer confluir las inspecciones de varias áreas para que el objeto inicial se diluya y permitir que las empresas sigan violentando las leyes laborales.

Lo que hace tan particular esta circunstancia es que por estos días se definirán los integrantes que ocuparán posiciones en varios entes descentralizados.

En el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos se elegirá un presidente y cuatro vocales.

En la Defensoría del Pueblo, en la que Alicia Pierini culmina diez años de mandato, se elegirá un defensor y cuatro adjuntos. 

En el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberán ubicar a su presidente y su vicepresidente.

La Legislatura elegirá, además, a los nueve integrantes que designa para formar parte del Consejo del Plan Urbano Ambiental.

En el área judicial, la Legislatura designará al nuevo defensor general, al fiscal general y al nuevo asesor tutelar general. 

Por último, los diputados optarán por tres funcionarios que conformen el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública y al presidente del Banco Ciudad –será Rogelio Frigerio (nieto)–, que ya fue electo y puesto en funciones.

Casi como un premio consuelo, también habrá lugar para un integrante del Consejo de Mecenazgo, que es el único cargo que se desempeña ad honórem.

Hay muchos postulantes para esos lugares, pero desde las filas del Pro están dispuestos a negociar los cargos desde la política. De esta manera, esperan cerrarles el paso a las ambiciones individuales, que solo cristalizan proyectos personales.

Desde el bloque kirchnerista, que en ocasiones se mostró como un duro adversario del oficialismo, aseguran que garantizarán la gobernabilidad, como otras veces. Hace años que ambos bloques combaten y acuerdan, porque esa es la esencia de la política, y el Parlamento es el territorio donde el diálogo se produce.

En este marco se hacen evidentes algunos legisladores/as que están terminando su mandato y esperan seguir en la política ocupando un lugar en algunos de los institutos cuyos dirigentes serán designados por estos días.

En este punto, el bloque de Proyecto Sur, que es un frente que se desintegró por falta de acuerdos políticos internos, es el que aporta más “víctimas” dispuestas a dejarlo todo en el camino hacia el directorio de algún organismo. Por lo pronto, a Julio Raffo, a Rafael Gentilli, a Laura García Tuñón y a María América González se los vio por estos días manifestando casi a viva voz su disposición para votar afirmativamente alguna de estas leyes pendientes para transitar  el camino de la salvación personal por sobre el de la política.

Un párrafo aparte merece Claudio Presman, un legislador radical que votó con el Pro muchos de los proyectos que este planteó en el recinto y que ahora aspira a llegar a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a título personal. 

Por el contrario, el legislador Alejandro Amor compite impulsado por su propio bloque, el del Frente para la Victoria. Amor aún tiene dos años de mandato, pero el kirchnerismo entiende que la Defensoría es un lugar estratégico y por eso lo postuló.