La campaña sucia contra el senador Daniel Filmus poco antes del ballottage porteño desnudó el accionar de varias empresas vinculadas a Jaime Durán Barba que incluso están sospechadas de realizar mapas ideológicos de los vecinos. Durante la investigación, el resultado del secuestro de documentación en los allanamientos ordenados por el juzgado echó luz sobre las tareas a las que se abocaban las consultoras allegadas a Jaime Duran Barba. Allí se descubrió que Tag Continental también prestó servicios a la Policía Metropolitana, relevando las percepciones en materia de seguridad de más de 4000 hogares de la Comuna 12. Lo curioso es que había sido encargada por la cartera de educación, pero su contenido identificó ciudadanos y los clasificó en las categorías “socio demográfica”, “actitudinal sobre seguridad” y “actitudinal sobre gestión del GCBA”, con el objetivo de “identificar entre el 40% y el 60% de los hogares de la Comuna 12”. En tanto, Connectic hizo trabajo de campo en Vicente López, uno de los bastiones que el macrismo obtuvo en las pasadas elecciones. En una de las computadoras en poder del juzgado, y bajo el nombre “Percepción Campo”, se encontró una presentación de Powerpoint donde se detalla una encuesta georreferenciada que impactó en 20 mil hogares, donde se clasificó a los vecinos en base a su simpatía o no por el kirchnerismo. A su vez, se evidenció el documento donde se plasma una estrategia que Duran Barba le propuso al Grupo Clarín para que, según se afirmó en las metas, “Papel Prensa no sea tomada por el Gobierno, ni por testaferros de Kirchner. Que el Clarín y La Nación sigan siendo los socios que controlen la empresa. Pretendemos que la población argentina en general, y la clase media y personas informadas en particular, comprendan nuestro punto de vista y apoyen nuestro punto de vista.” Pero eso no es todo, también se encontró un informe que Duran Barba realizó para el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Allí el asesor macrista se ofrecía para investigar a “todos los países de Latinoamérica o determinadas regiones” mediante un cuestionario para medir la consideración de los sudamericanos sobre “seguridad, democracia, percepciones y narcotráfico”. En ese material se señalan las ventajas para las autoridades militares de contar con un proyecto de investigación sobre la “percepción de la gente acerca de los Estados Unidos” y así “medir la opinión pública de los ciudadanos acerca de la calidad de la democracia, el chavismo, el castrismo y otras corrientes de la política regional”. La Metropolitana, el Grupo Clarín y el Pentágono, son parte de un complejo triángulo con vinculaciones con el macrismo, y con Durán Barba su asesor de campaña. Rodrigo Lugones y Guillermo Garat aparecen en el expediente como presuntos socios de Duran Barba en la firma Opinión Confidencial SRL, nacida el 11 de noviembre de 2008. Su objetivo era “realizar actividad encuestadora en el ámbito de la República Argentina, y en el exterior a través de la tecnología y de los servicios de call center”. Entre las pruebas recabadas en los allanamientos a las firmas, se encontró un “Acuerdo de confidencialidad y no competencia”, fechado el 25 de noviembre de 2008, entre Duran Barba, el también ecuatoriano Santiago Nieto y Lugones, por una parte; y Garat, Nicolás Marcó y Martín Vicente Peluffo, por otra. Aunque el gurú ecuatoriano aparece como el representante de la empresa en su vínculo con los call centers que hacían las encuestas, todos los mencionados poseen vínculos directos entre sí, al compartir, no sólo la titularidad de otras firmas del rubro, sino también el domicilio. En la oficina 33 de Libertad 1240 están registradas las firmas Informe Confidencial y Duran Barba y Asociados; mientras que en el tercer piso de Talcahuano 446 funcionan Tag Continental y Connectic SRL. En el marco de la denuncia hecha por Filmus, el 21 de julio del pasado año, el macrismo llamó a una rueda de prensa en la cual un vacilante Duran Barba aseguró no tener ninguna empresa radicada en el país y se despegó de las denuncias en su contra. Las licitaciones y los subsidios con los que el gobierno de la Ciudad benefició a las empresas sospechadas de haber tenido parte en la maniobra es otro de los aspectos de la investigación judicial. El jefe de Gabinete PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y Duran Barba negaron vinculación con Connectic, pero se descubrió que el 15 de abril de 2010, el mismo funcionario firmó la Resolución 296-MJGGC/10, donde le entregó a esa firma un contrato por 1.334.000 pesos para la adquisición de “un servicio de sistema de llamadas automáticas con resultados georreferenciados por un año”. En el expediente también consta una factura anulada por $ 130 mil pesos del 20 de mayo y otra del 7 de junio, donde por $ 135 mil Tag Continental proveyó “servicio de promoción y difusión, traslados, vestuarios, utilería, iluminación y materiales escénicos, afiches, flyers y globos”. Por otra parte el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires financió con fondos públicos el desarrollo informático que permitió a Connectic implementar una plataforma idéntica a la que se utilizó para realizar las encuestas capciosas contra Filmus, a través de un subsidio del Ministerio de Desarrollo Económico porteño. En total fueron 118 mil pesos, de los cuales 52 mil pesos fueron Aportes no Reembolsables. “Esperamos que se analice el origen de los fondos. Se violó la privacidad de los porteños individualizando encuestas anónimas”, aseguró Filmus.